AL PUEBLO DE MÉXICO. ESTIMADOS PROFESIONISTAS; JURISTAS; CIUDADANOS, PRESTEN SU ATENCIÓN POR FAVOR.
GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA, MARIANO AZUELA GÜITRÓN Y SOCIOS NO SON MÁS QUE UN INSTRUMENTO DE LAS FUERZAS OBSCURAS QUE SOCAVAN A MÉXICO.
MARASMO, FALTA DE CAPACIDAD Y DE PROFESIONALISMO DE LA SUPREMA CORTE Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.
En pocos días más serán viernes 1 de mayo de 2009, y martes 5 de mayo del propio año, celebraciones obligatorias para honrar y enaltecer las luchas y progresos alcanzados por la clase trabajadora y el triunfo del pueblo de México y de su ejército comandado por el general Ignacio Zaragoza en la Batalla de Puebla de 1862 contra el ejército y fuerzas del Imperio Napoleónico. Ignoramos cómo se celebrará por las instituciones federales que en este escrito mencionamos el ritual cívico acerca de esas importantísimas fechas porque en la materia quienes ocupan los más altos cargos de la Federación vienen procediendo de manera desordenada y con una notable falta de respeto, ya que el ritual del Calendario Cívico lo han acomodado a sus conveniencias personales o circunstanciales, y como si no fuese obligatorio lo han adulterado y privatizado. Qué pena.
Tenemos que conmemorar el bicentenario del movimiento de nuestra Independencia de 1810 y de la Revolución Mexicana de 1910 – 1917. Se pregona a diario por los jilgueros oficiales que los mexicanos constituímos un estado de derecho o al menos de Leyes, pero para que esto sea un hecho poco cuidadosos son los tres poderes federales. Carguémosle la culpa principal a éstos por ser los que concentran en mayor medida las responsabilidades del poder de los mexicanos.
El tema de los días inhábiles está regulado en varias leyes federales y de los estados del país. Por tradición y por liturgia cívica son inhábiles los sábados y los domingos, el 1 de enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, jueves y viernes de la Semana Santa, el uno y cinco de Mayo, etc. Tradicionalmente durante muchos años, en esas fechas, sin haber sufrido variaciones, se venían suspendiendo las labores oficiales conforme a su razón de ser, y ello jamás originó problemas mayores, pero el gobierno de Vicente Fox, y el actual de Felipe Calderón Hinojosa cambiaron el calendario cívico pues el de las conmemoraciones cívicas nacionales no se respeta, las cosas se hacen con un notorio desorden.
Serviles colaboracionistas del Poder Ejecutivo Federal, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia siguen al pié de la letra al efecto las indicaciones de aquel Poder y así se pliegan a la violación más extravagante de las disposiciones sobre días inhábiles que por regular una materia cívica, litúrgica y ritual su cumplimiento por el Estado debe ser literalmente exacto, sobrio y no desprovisto de la reverencia que todos los mexicanos debemos a nuestras gestas y prohombres históricos.
En el caso del Poder Judicial Federal es muy grave que el servicio de Justicia Federal se suspenda e interrumpa por quítame ahí esas pajas. Es una vergüenza digna de censura que los ministros de la Suprema Corte y los Consejeros de la Judicatura, federales, suspendan de manera abiertamente ilícita las funciones judiciales, que constituyen el servicio público de Justicia. Así lo hacen durante los largos periodos vacacionales cuando los servidores judiciales deben programar sus vacaciones de manera escalonada para no interrumpir el servicio público de la Justicia Federal. Existe una gran cantidad de juzgados y tribunales federales en todo el país que hace innecesario suspender o interrumpir el servicio de justicia. Con la actual abusiva y desconsiderada práctica se violan también la autonomía e independencia de los juzgados y tribunales federales. El pueblo está indignado con la pésima calidad del servicio de Justicia, determinado y condicionado por aquellos altos organismos públicos. Es un abuso del poder el despacharse para sí y con la cuchara grande. Se trata de una flagrante violación del Principio de la División de los Poderes públicos. Mientras la inmensa mayoría de los ciento diez millones de mexicanos (todos ellos mestizos e indios) están sometidos por la rampante tiranía en el Poder Público a desusados y perversos tratamientos de confusión, desorientación y mentiras sistemáticas, de hambre, de extrema pobreza, miseria y persecución y tortura de las llamadas Procuración y Administración de Justicia Federales, toda suerte de privaciones y pena de muerte fuera de todo procedimiento judicial, en cambio los Ministros de la Suprema Corte y Consejeros de la Judicatura gozan de indebidas e inmerecidos privilegios y prerrogativas, entre ellos los altísimos, excesivos e insultantes sueldos y prestaciones que a sí mismos se han otorgado por la ausencia de controles eficaces y disciplinarios, vacío de Poder del cual las Cámaras de Diputados y de Senadores son inútiles espectadores, sólo eso sí, muy serviles para atender las consignas del Presidente de México en turno.
De sueldos líquidos al mes los Ministros y Consejeros se llevan a sus abultados bolsillos cada uno de ellos, cantidades que se acercan a los $700,000. pesos sin contar las demás prestaciones y privilegios con que se han dotado a sí mismos. La Suprema Corte de Justicia y el órgano administrativo mencionado sólo se sostienen por los enormes presupuestos públicos de que los dota particularmente el Poder Ejecutivo Federal, y por la fuerza bruta de los militares, paramilitares, policías y parapolicías, como puede constatarse de lo que ocurre en sus instalaciones, las que se encuentran tomadas por aquellas fuerzas armadas; el pueblo de México ya no sólo se dice que carece del libre acceso al servicio de justicia previsto en la Constitución. Ni siquiera se encuentra en libertad de poder entrar, caminar, gestionar y tratar los asuntos de suyo urgentes que le atañen dentro de los edificios de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, grave anomalía que ocurre a diario, a ciencia y paciencia de los Ministros de la Suprema Corte, debido a que éstos carecen de talento, de carácter, de capacidad, de autoridad y de legitimidad para poner orden en la casa destinada a la impartición del servicio de Justicia que tienen encomendado; ahora resulta que las fuerzas armadas del Poder Ejecutivo Federal se han apoderado de las instalaciones de la Alta Institución de Justicia. Cuántos ciudadanos han resultado afectados por tales anomalías ¿Se interesa en ello la Suprema Corte? ¿Quién socorrerá a los ciudadanos ultrajados? Todo ello revela la degradación, la incuria y el despotismo a que han llegado las actividades de la Federación en México. En el Bicentenario y en el Centenario del Inicio de nuestra Independencia y de nuestra Revolución debemos señalar que vamos para atrás. Los gravísimos vicios, fallas y corruptelas institucionalizadas, de las Épocas de la Colonización Española y Porfiriana siguen plenamente vigentes en el rimbombante Siglo XXI. Qué pena. Las instituciones y estructuras de la Federación como una maldición para México suplieron y sustituyeron con creces a las caducas e indecentes instituciones y estructuras políticas de los españoles y del Periodo Porfiriano. Los encomenderos ya no son los gachupines o chapetones sino los altos funcionarios de la Federación y necesario es romper las cadenas del oprobio.
La Suprema Corte como equilibrador del abuso del Poder tiene facultades para someter al imperio de la Ley y el Derecho al Consejo de la Judicatura Federal, pero ha abdicado a tal responsabilidad y más bien se dedica a cohonestar, a reforzar, a consagrar y a solapar con las jurisprudencias y tesis que emite la labor de zapa que realiza el Consejo de la Judicatura, de asediar, de perseguir, de chantajear, de castigar y someter mediante sádicos y deliberadamente calculados y planificados programas de torturas con el propósito de desquiciar la vida normal de sus víctimas, para dejarlos inválidos de por vida, e incluso causarles la muerte, magistrados y jueces federales y al desdichado servidor público que tenga la desgracia de ponerse en el siniestro espectro de las sórdidas actividades que tiene encomendadas el Consejo de la Judicatura Federal, por cuenta de quienes actúa.
Las “Jornadas de Actualización en Jurisprudencia y Criterios Emitidos por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia” que de tiempo en tiempo y de manera recurrente llevan a cabo en diversos lugares del país la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, no son más que unos muy perniciosos para México eventos de los que estilan realizar aquellas instituciones en todo el País. Se trata de onerosos y gravosos para México eventos en que se promueve el lucimiento de la Alta burocracia Adscrita y adicta a la Presidencia de la Suprema Corte como puede advertirse de los comentaristas anunciados ¿Qué tienen que ver con la sagrada función jurisdiccional federal las señoras o señoritas cuya actividad profesional es la equidad de género (sic), por más sublimes que sean su labores de promover sus intereses particulares de género? ¿Qué tiene que ver en esos eventos el licenciado Luis María Aguilar Morales? que como Consejero de la Judicatura sólo es un auxiliar administrativo del Poder Judicial, de jueces y Magistrados Federales, a quienes constitucionalmente se encuentra sometido y por lo mismo les debe rendir cumplido respeto, y por ello nada puede proponer para la labor jurisdiccional del Poder Judicial. Es más, la intrusión de dicho auxiliar del Poder Judicial, Luis María Aguilar Morales en aquellos eventos es un insulto y una falta de respeto a la sobriedad y austera labor jurisdiccional de jueces y magistrados federales. Aquél ventajoso Consejero desplegando ya su voraz impertinencia ya se está promoviendo para apoderarse de unos de los puestos de ministros de la Suprema Corte que quedarán vacantes ya muy próximamente, lo que muestra la índole abiertamente política y sediciosa de las membresías del Consejo de la Judicatura, trampolín político para que sujetos descarriados escalen posiciones públicas eminentes a costa del trabajo, del sudor y la frente de jueces y magistrados federales y de México, muestra elocuente de ello son los escandalosos casos de ¡casi la mitad (CINCO)!, del total de once, de los actuales Ministros de la Suprema Corte, que llegaron a los cargos indecorosamente mediante el trampolín o catapulta política del Consejo de la Judicatura, o bien, como una costumbre depravada y cobarde que ocurre en la Alta Burocracia Gobernante en el País, se la pasan cambiando de un puesto a otro en la cúpula del Poder Judicial Federal, de Consejero de la Judicatura a Ministro de la Suprema Corte, y viceversa, lo cual no es más que una burla para los jueces y magistrados federales, quienes soportan estoicamente dicho fatigoso lastre de corrupción, porque aquellos altos Órganos del Poder Judicial Federal sólo están para servir a los intereses de advenedizos faltos de carrera judicial y de profesionalismo, individuos que luego realizan su ruín labor en contra de México; todo lo cual permite advertir cómo los presidentes de la Suprema Corte solo son marionetas de los en auge corruptos políticos del Sistema, ejemplos, los de Mariano Azuela Güitrón, títere y lamebotas de Vicente Fox Quezada, y Guillermo Ortiz Mayagoitia, pelele de Mariano Azuela Güitrón, a quien sucedió en la Presidencia del Consejo.
El mencionado funcionario Luis María Aguilar Morales con posterioridad a 1994 ocupó al mismo tiempo dos onerosos para el país cargos públicos, el de Oficial Mayor y el de Secretario General de la Presidencia de la Suprema Corte ¿No existen, no existieron incompatibilidades graves y manifiestas en el desempeño de los mismos por la misma persona a la vez? ¿Por qué se designó para ambas plazas al mismo sujeto? ¿Cuál fue la necesidad para ello? ¿El capricho, la arbitrariedad, el abuso del Poder?
Por ello urge que todos los cargos importantes del Poder Judicial Federal se profesionalicen para que la carrera judicial regular, junto con la irrestricta probidad, buena fama y el prestigio profesional sean los requisitos básicos para poder acceder a los cargos de ministros de la Suprema Corte. En todo caso se trata de someter a los ministros de la Corte a los cánones de la carrera judicial en aras del respeto al Estado de Derecho.
El intruso disertante de jurisprudencias mencionado Luis María Aguilar Morales fue uno de los lacayos colaboracionistas de quienes dieron el Golpe de Estado en diciembre de 1994 y enero de 1995 en contra del Poder Judicial y de México encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León que incrustó el Consejo de la Judicatura Federal en la Estructura del Poder Judicial Federal para someter, avasallar y torturar a los titulares de dicho Poder, para realizar una Justicia complaciente con los intereses de los capitalistas transnacionales y de sus socios en México a raíz de los leoninos y nocivos para México Tratados de “Libre” Comercio. Los jueces y magistrados federales y el pueblo de México ya no deben permitir estas graves anomalías.
La llamada jurisprudencia (supuestos criterios jurídicos sustentados en casos concretos) que emite la Suprema Corte de Justicia no es más que un control administrativo y político de la labor jurisdiccional de los jueces y magistrados, que viola abiertamente los principios de autonomía, independencia, profesionalismo y creatividad de que están investidos constitucionalmente los jueces y magistrados por virtud de la índole especialmente delicada y grave de la carrera judicial y de la función jurisdiccional. La jurisprudencia mencionada sólo puede entenderse como un método irracional, dictatorial y antidemocrático que tiene por objeto manipular, desvirtuar y controlar indebidamente las facultades jurisdiccionales, por ello esas labores de control son inconstitucionales porque los ministros de la Suprema Corte no son legisladores y así ese control resulta ingrato y negativo para un buen sistema de Justicia de cualquier país democrático. Esa función de emitir Jurisprudencias (y simples Tesis, de hecho por corrupción obligatorias porque los jueces y magistrados federales así acostumbran aplicarlas obligatoriamente) obligatorias para todos los poderes judiciales del país y el Judicial Federal debe ser eliminada de raíz, pues viola principios democráticos, la independencia, el profesionalismo y la creatividad de la función judicial y a los jueces y magistrados los reduce al papel de autómatas inútiles. Todo esto muestra cómo la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura realizan de manera unitaria una devastadora labor de control de corte absolutista y dictatorial en contra del Poder Judicial Federal y de los Poderes Judiciales de los Estados del País, y por ello no son más que un oprobioso Ministerio de Justicia propio de la Dictadura del General Porfirio Díaz al servicio de los ricos poderosos y políticos poderosos que se dedican a depredar a México.
Ni el Consejo de la Judicatura Federal ni la Suprema Corte rinden cuentas cabales acerca de sus gestión, de sus labores tanto administrativas como profesionales, ni de los cuantiosos recursos que manejan, dentro de los cuales se encuentran sus altísimos recursos de gastos, de miles y miles de millones de pesos; tampoco existen, y por lo mismo no están sometidos a un control riguroso de todas esas actividades de Estado, mediante metodologías y sistemas profesionales de verificación, constatación y fincamiento de toda clase de responsabilidades en que pueden incurrir los responsables de aquellas instituciones.
Urge se legisle: a) Para que se prohíba que los Consejeros de la Judicatura puedan ser nombrados Ministros de la Suprema Corte y Viceversa; b) Para que en la designación de Ministros de la Corte intervenga en ninguna forma el Poder Ejecutivo Federal, quien con el sistema actual se burla abiertamente de la independencia y del profesionalismo de la Carrera Judicial; c) Para que todos los Ministros de la Suprema Corte queden sometidos inexcusablemente, de manera escalonada a los requisitos de la Carrera Judicial Federal; d) Para que tanto el Consejo de la Judicatura Federal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante toda clase de verificaciones profesionales, técnicas, jurídicas, periciales rindan exactas cuentas de la gran cantidad de actividades administrativas, jurídicas y de Estado que realizan, así como de los cuantiosísimos recursos de toda índole y de dineros presupuestales que manejan y gestionan permanentemente, ante entidades e instituciones con el suficiente poder y atribuciones jurídicas, para que se puedan esclarecer toda clase de responsabilidades en que incurran quienes se han desviado del cometido jurídico correspondiente; se finquen así las responsabilidades penales respectivas, sin que para ello sea pretexto u obstáculo el frívolo y ruín pretexto que aducen aquellas instituciones del Poder Judicial de que están exentas inverosímilmente de tales obligaciones por constituir un Poder frente a los otros dos Poderes constitucionales. El principio de la División de Poderes ni cobija ni solapa ni constituye causa de exclusión de la comisión de hechos graves y sus responsabilidades consecuentes en perjuicio del mismo Estado, de la Sociedad y de la Nación. Basta de contemplaciones con los funcionarios públicos desleales a México.
El Senado como funciona, no es un cuerpo de representantes de los Estados, como reza la Constitución, porque se trata de un grupo de privilegiados, técnicamente incondicionales del Presidente y del Poder Ejecutivo Federales porque sus servicios son por cuenta de aquel Poder. Por ello ese cuerpo de personajes privilegiados que actúa en contra del sentido recto constitucional debe desaparecer y dar paso a un Congreso unicameral, de sólo REPRESENTANTES DEL PUEBLO, ELECTOS TODOS MEDIANTE EL VOTO POPULAR ABIERTO Y DIRECTO DE LOS CIUDADANOS, SIN QUE POR NINGÚN MOTIVO QUEPAN LAS FÓRMULAS CRIMINALES DE ELECCIÓN MEDIANTE LAS LLAMADAS LISTAS PLURINOMINALES, NI CUALQUIERA OTRA SIMILAR, POR CONSTITUIR ABIERTOS ATRACOS EN CONTRA DEL PUEBLO.
La Cámara de Senadores, que como amanuense del Presidente de la República consagra a golpes de mazo las ultrajantes designaciones hechas a dedazo limpio de consejeros de la Judicatura y ministros de la Suprema Corte, de aquel Alto Funcionario; por ello aquella Cámara no es un cuerpo de políticos y representantes independiente; es una corporación de individuos al servicio y a sueldo del Poder Ejecutivo bajo el Presidente de México en turno. Nominalmente los Senadores de la República representan a los Estados del país, pero ese ministerio obviamente no lo pueden realizar precisamente porque están a sueldo del Presidente de México y por ello de la Federación. Lo correcto será que además de ser representantes nominales de los Estados, como lo señala la Constitución, sus sueldos se los paguen dignamente, o sea, modestos, las respectivas Entidades Federativas, y nada más pues de esa manera cumplirán su cometido de ser representantes republicanos, dignos y cabales de los Estados, y no fantoches del Presidente en turno, con lo cual sus actividades y funciones serán las de trabajar por cuenta de las Entidades Federativas, es decir, a cargo de los Tesoros de los propios Estados. Por ello la Cámara de Senadores no es más que un cuerpo de burócratas al servicio de alguien ajeno a los interese que representan, de donde carecen absolutamente de legitimidad política y Constitucional. Un cuerpo de Senadores de tal índole, no representa los intereses de las Entidades Federativas, ni de los habitantes de éstas, ni de la Nación Mexicana. De ahí deriva la carencia de idoneidad y de legitimidad de aquel cuerpo burocrático ahora al servicio del Rey, y por ello las consagraciones que realiza de los nombramientos de ministros de la Suprema Corte son espurias, y carecen en absoluto de su razón de ser Republicana y Constitucional y se trocan en meras simulaciones de aquello que pretenden. Así que aquellas instituciones sólo son aberraciones de un absolutismo trasnochado que todavía padecemos.
En esto estriba la razón del desorden, de las demasiadas injusticias, abusos de Poder y arbitrariedades, imperantes en el Poder Judicial Federal. Las funestas estructuras burocráticas que originan de forma sistemática estas graves anomalías deben de cambiar para hacerlas congruentes con la democracia del Liberalismo original que informa a nuestra Constitución en la materia que se analiza.
Ante tan calamitosa situación, para celebrar dignamente nuestros movimientos populares de Independencia de 1810, de Reforma de 1850-1870, y de la Revolución Mexicana de 1910 – 1917, que encabezaron Don Miguel Hidalgo y Costilla, Don José María Morelos y Pavón, Don Vicente Guerrero, Don Benito Juárez, los Generales Mariano Escobedo, Francisco Villa y Emiliano Zapata y de más próceres, tenemos que seguir avanzando por el desarrollo democrático, y por ello en acatamiento al principio clásico de la Separación y División de los Poderes Públicos se hace necesario que la Suprema Corte de Justicia deje ya de funcionar bajo los lineamientos con que desde hace muchos años lo viene haciendo por estar tramposamente constituida y diseñada para impartir una Justicia especial para los ricos y poderosos, facciosa y controlada por las cúpulas del Poder Político de México, que ciertamente sólo ha beneficiado a los grupo políticos, económicos y financieros poderosos en demérito de las grandes mayorías de los mexicanos, y así corresponde, por estar convertida en un monstruo infernal que nos tiraniza a todos los mexicanos, eliminar a la Suprema Corte para que sus funciones y atribuciones las asuma mediante una división racional de competencias, acorde con los principios del Federalismo, el sistema ya establecido de Juzgado de Distrito, de Tribunales Unitarios de Circuito y de Tribunales Colegiados de Circuito. No se pueden celebrar dignamente los acontecimientos históricos mencionados mientras siga operando en México ese terrible, aparatoso, sádico y costosísimo para México, lastre del Estado mexicano, que es la actual Suprema Corte de Justicia. México requiere un aparato de Justicia que no sangre los presupuestos del Pueblo, y sirva de un pésimo ejemplo a los demás pueblos del mundo; requiere de una Justicia democrática y verdaderamente justa y no sectaria, facciosa y sediciosa. El actual sistema de Juzgados y Tribunales de Circuito del País debe ser inmediata y óptimamente aprovechado. En las condiciones actuales está listo y preparado para hacer frente éxitosamente a la carga de trabajo que la Suprema Corte nunca ha sido capaz de despachar pertinente y eficazmente en beneficio del Pueblo de México. En el actual estado de cosas la costosísima y desprestigiada Suprema Corte de Justicia constituye un injustificable lastre para México. Con los cambios aquí propuestos la Justicia Mexicana mejorará ciento por ciento en calidad porque se democratizará y dejará de ser un lujo odioso de los privilegiados
Se considera pertinente realizar un plan y programas de acción y lucha denunciando la corrupción e ineficacia, arbitrariedades y abusos de poder con que funcionan y se manejan institucionalmente la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y todo el Poder Judicial Federal, enderezando esa lucha hacia el objetivo de que todo el Poder Judicial Federal, Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuitos funcionen y trabajen en beneficio de las clases populares y humildes que conforman las grandes masas mayoritarias de la población de nuestro País, para eliminar de raíz a la llamada Suprema Corte de Justicia y al Consejo de la Judicatura Federal de la estructura del Poder Judicial en los términos propuestos.
Se debe evaluar en un momento pertinente de la lucha a que se refiere esta ponencia y estas proposiciones el realizar movilizaciones y acciones para remover a los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia y consejeros de la Judicatura Federal; y realizar los propuestos cambios estructurales , constitucionales y legislativos, eficaces y necesarios de las instituciones mencionadas, que actualmente funcionan de manera totalmente antidemocrática, facciosa, sediciosa y contraria a los intereses del Pueblo de México.
Son demasiados los daños que desde 1995 han causado a México los actuales Ministros de la Suprema Corte; deben retirarse de los cargos que indecorosamente e inmerecidamente ocupan para dar paso a jueces y magistrados legítimos, capaces y electos democráticamente por los sectores y personas representativos y legítimos de nuestra Nación. Tales jueces y magistrados son los titulares de los actuales Juzgados, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal. Para ello, el actual estatuto de la Suprema Corte debe ser cambiado para que la función jurisdiccional que viene realizando sea democrática, imparcial, profesional e independiente, mediante los cambios acabados de citar. Se trata de que el Poder Judicial Federal sea congruente con la misión jurídica y constitucional que tiene asignada, para que deje de ser una rémora del Poder Ejecutivo, un simple apéndice político o Ministerio de Justicia al estilo de la Dictadura de Porfirio Díaz.
Por los mismos motivos el Consejo de la Judicatura debe desaparecer para dar paso a un Poder Judicial Federal integrado por Jueces y Magistrados independientes, imparciales, capaces, profesionales y autónomos, que dejen de ser jueces del rey para ser jueces de su Nación. Las atribuciones y funciones de la Suprema Corte deben ser asumidas en sus casos por los jueces y magistrados federales, actualmente ya establecidos y en funciones. Se democratizará y mejorará así ciento por ciento la calidad de la Justicia Federal en México. Los Consejeros de la Judicatura y Ministros de la Suprema Corte constituyen una onerosa, insultante, innecesaria, inútil y pesada carga para el sano desarrollo cultural, político, económico y democrático de México. Viven vergonzantemente arrastrando y llevando sobre sus espaldas los pesados fardos retacados de la billetiza mal habida con sus inmundicias, con que son sobornados por el Poder para la conveniencia particular de éste.
MOVIMIENTO DE CIUDADANOS MEXICANOS QUETZALCOATL POR UN PODER JUDICIAL CABAL, HONESTO Y VALIENTE QUE CUMPLA LOS POSTULADOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS DEL PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS.
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