sábado, 16 de noviembre de 2019

La división de los poderes públicos y el gobierno de  México

Por el Licenciado en Derecho, exMagistrado Federal, Oaxaqueño, Francisco Salvador Pérez.

16 de noviembre de 2019.

Ahora que la Cámara de Diputados está conociendo del presupuesto de egresos de la Federación es bueno recordar que el Poder Ejecutivo al menos en cuestiones fundamentales ha venido aplicando de una manera indebida los principios de la división de los poderes públicos frente a las infundadas pretensiones de grupos enquistados en este caso en la Suprema Corte de Justicia , Consejo de la Judicatura Federal y en el órgano del Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos electoreros PAN , PRI y PRD principalmente. Son muy claras las cosas. Cada una de esas instituciones manejan altísimas sumas de dinero, miles de millones de pesos,  que graciosamente derrama en su beneficio la Cámara de Diputados y Poder Ejecutivo Federal . Quienes controlan esas instituciones son los privilegiados del sistema político a ciencia y paciencia de quienes los dotan de tan privilegiadas ganancias a título de emolumentos y de otras formas que se hacen valer para hacerse de la tajada del león de los presupuestos.El Poder Ejecutivo no ha querido asumir el rol que le corresponde de emplear los dineros públicos de manera justa y honesta; así vemos cómo mediante una condenable pasiva conducta no le ha limitado y restringido los altísimos sueldos a los ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura Federal , a los jueces y magistrados y otro personal del PJF, Consejos y magistrados de los órganos federales electorales. De una manera inverosímil prácticamente les deja libres las riendas a quienes controlan dichas instituciones para que sin ningún principio jurídico en qué fundamentarse, dispongan Motu propio  dispongan de las grandes cantidades de dinero que se autoaplican con gravísimos daños en perjuicio de la Nación. En nuestro Estado democrático es principio jurídico fundamental  el que los representantes populares "diputados federales" son los avocados por la Constitución para fijar y señalar los montos de los ingresos de quienes controlan las referidas instituciones conforme al principio de la soberanía popular y no los que prestan sus servicios personales en los altos cargos en dichas instituciones, pues es absurdo que el orden normativo les confiera el privilegio de autodestinarse los que le conviene de los presupuestos federales. Más allá del contenido literal del principio de la división de los poderes públicos es obvio que los mismos funcionarios a quienes cuestionamos no tienen ninguna facultad para cuestionar de una manera antipatriótica los presupuestos nacionales con la finalidad de disponer de los mismos a su antojo. El poder ejecutivo en quien reside la jefatura de Estado tiene la obligación de limitar las ambiciones desmedidas de dichos altos funcionarios, entre otras razones para que sus sueldos se apeguen a los límites que corresponden dentro del  Estado de Derecho,  de bienestar, honesto,  bajo principios de austeridad.

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