En torno a las arbitrarias, abusivas, absurdas prestaciones de la burocracia del PJF

En torno a las arbitrarias, abusivas, absurdas, altísimas prestaciones y emolumentos que la Federación paga a jueces , ministros -jueces-, y magistrados que están a su servicio.

Juristas : exMagistrado Francisco Salvador Pérez y Giap Salvador Díaz.

 Están por definirse y especificarse aún dichas prestaciones, en la especie por parte de la Cámara de Diputados. Conforme al principio de la División de los Poderes tales obligaciones corresponden en grado principal a dicho organismo del Estado; no lo ha hecho conforme a lo que establecen los principios que derivan  de una Constitución típicamente democrática como la mexicana ya que los sueldos que se pagan a los funcionarios respectivos rebasan por mucho los límites que aconsejan la cautela y la prudencia en un país en que prevalece la pobreza de las grandes masas de población.  Lo que viene ocurriendo desde hace muchos años es que conforme al mecanismo en sí que prevee la Constitución lo único que hace la Cámara de Diputados es aprobar en términos literales el tabulador de sueldos o prestaciones que anualmente le envía para el efecto la Suprema Corte conjuntamente con el Consejo de la Judicatura Federal, sin analizar y aplicar con racionalidad y con un espíritu de justicia los montos que para cada plaza corresponden a los funcionarios públicos en cuestión. Como el proyecto de  esos montos los formula en un momento previo la SCJN y el CJF ,lo que, lo único que viene haciendo la Cámara de Diputados es aprobarlos en sus términos, lo que traduce una anomalía grave que se expresan en los monstruosos montos por lo elevados que resulta pagarles a los mencionados funcionarios. El modelo que utilizó el presidente de la República para dicho tema conforme a sus legítimas atribuciones es el de que ningún funcionario público puede ganar como tal más que el presidente de la República máxima que constituye un mandato legítimamente establecido y así debe ser cumplido  por todos, incluidos los funcionarios mencionados , quienes de manera absurda se fundamentan en el principio de la división de los poderes públicos, para considerar que pueden hacer prácticamente Lo que quieran pero tal facultad le atañe  al presidente de la República por tratarse de una cuestión de carácter ejecutivo; al Poder Judicial le corresponde ejercitar las cuestiones jurisdiccionales, pues de considerar que también le corresponden las de fijarse las que corresponden a sus emolumentos equivale a despojar al poder ejecutivo de sus atribuciones propias. Tratándose de una materia en la cual está interesada toda la nación como unidad política la debe ejercitar  el Poder Ejecutivo  de la Unión con la plenitud de representante de la nación. Se trata de una facultad soberana del Poder Ejecutivo para bien de toda la nación. Por ello es que todos los mexicanos demandamos que el Presidente de la República conjuntamente con la Cámara de Diputados ejerzan las facultades  que les confieren los artículos 74 , fracción  IV y artículo 75 de la Constitución para que en MX haya paz y tranquilidad, y así someta al Estado de Derecho que es México al Poder Judicial de la Federación y a la burocracia que representa los intereses inconfesables enquistados en en en el Instituto Nacional Electoral y demás parafernálias. 15 de diciembre de 2019.