SEGUNDA PARTE: REALIZAR LAS SUPUESTAS
REFORMA QUE PROPONE
LA LLAMADA SCJN
ES APOYAR Y CONSOLIDAR
A LOS MISMOS GRUPOS
BUROCRÁTICOS QUE YA
ESTÁN ENQUISTADOS EN SU POSICIONES PRIVILEGIADAS.
LA
INICIATIVA DE REFORMA
JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL
Y DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA PECA DE
HIPOCRESÍA
Exmagistrado federal Francisco Salvador Pérez y jurista
Giap Salvador Díaz.
13 de febrero de 2020. Otras de las graves mentiras, evidentes
falacias que presenta la iniciativa
de reformas al Poder Judicial
de la
Federación que hizo suya el Presidente Andrés Manuel López
Obrador AMLO, que se advierte, se
está manejando como algo muy urgente,
es que
se trata de fortalecer la
independencia del Poder Judicial, ya que de tratar de romper la estructura de dicha
institución se corre el riesgo de debilitarla, lo que no conviene a
México; que asimismo entre otras cosas se crea
un nuevo instituto que se
encargará de manejar a la
Defensoría Pública. Es falaz la
pretensión de que se busca fortalecer la
independencia del Poder Judicial Federal. Lo que
significan las propuestas
de reforma es alejar más y
más al pueblo de las
instituciones que a su nombre
se crean. La realidad es que el pueblo se
encuentra alejado de
su Poder Judicial Federal; las
reformas que se introdujeron
al PJF al finalizar
el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari
significan un golpe de Estado reaccionario al
estilo pinochetista. Con ese
golpe estilo Pinochet en Chile, con la
creación del Consejo de la Judicatura Federal en México,
lo que ocurrió es
hacer del Poder
Judicial un organismo cerrado al pueblo,
lo mismo que la Suprema Corte SC; se estructuró así una entidad monolítica bajo
el mando de
una sola persona, cabeza de ambas instituciones a la
vez; esta solución es
profundamente
antidemocrática, violatoria de
los principios fundamentales del Estado
de Derecho, muy particularmente del principio de la División de
los Poderes públicos. Estos señores
“ministros” lanzaron sus
lloriqueos, sus alaridos porque
el Presidente de la República les señaló un límite a sus remuneraciones, y vaya que el
Presidente simplemente los ha
dejado hacer y deshacer en esa
materia, con el pueblo expectante al
efecto. Pero no, el Presidente los ha
dejado hacer su
propia voluntad sin intervenir para que acaten el
mandato de los
altísimos salarios que así
mismo se asignan los ministros de la Corte; qué pasa, cuáles
han sido los resultados de una institución creada en los
tiempos que presidieron la
Suprema Corte los ministros Genaro David Góngora Pimentel,
Mariano Azuela Güitrón y
Guillermo Ortiz Mayagoitia; dicha
institución se creó para
recibir supuestas donaciones y
así crear un
fondo para el mejoramiento de la
administración de justicia;
qué pasa con esa institución; ojalá que
no quede en el
aire esta inquietud
de información. Es
evidente que la SC y el CJF están
funcionando de una manera corrupta
ya que ambas
instituciones se encuentran
bajo el mando
del Presidente de ellas
que lo es actualmente el
ministro Arturo Zaldivar
Lelo de Larrea; ésta
constituye una prueba
elocuente de la falta de
congruencia de los
personajes que presentaron
para su aprobación
por el Congreso de la Unión del proyecto de reformas
que se comenta;
es muy grave
que el Presidente
de la Republica solape y
cohoneste ese comportamiento, pues lo
que debiera hacer
el Presidente es
gestionar ante dicho congreso la
aprobación de un proyecto
que descabece esa
fórmula de representar
a la vez una sola
persona a ambas instituciones; eso le
vendría muy bien a
la democracia en México.
El paquete de reformas al PJ
por la manera
que fue presentada
al Congreso de la Unión, es
evidente que se trata de
una acción de
la Suprema Corte,
una acción sustancial
propia de una
corporación cerrada y ajena
a los intereses populares y
el hecho de
que el Presidente haga suya
la iniciativa en cuestión
revela hasta qué
grado el alto funcionario
tiene ya compromisos
con quienes manejan
la alta corporación de justicia,
lo cual no anuncia
buenos augurios. Mal, muy
mal que el
consorcio o corporación aludida manejen para
su conveniencia una escuela dedicada a
formar la carrera de
los jueces y
magistrados de un país tan
grande como México ;
esto da que pensar
que con ello se está menospreciando, obvio, la labor y la
presencia de buena cantidad de
Escuelas y facultades públicas de
Derecho del País ,
que relativamente son muchas y
constituyen un rico patrimonio de
la nación en la
preparación de juristas; porqué el
Presidente de la República no
envía a dichas facultades
de Derecho, a una
comisión de juristas
bien preparados para
que traten el tema
en cuestión con las
autoridades universitarias respectivas; con ello
saldría ganando la nación
toda; hay que
decir que esto sería
un pequeño impulso para esas
universidades, las que sufren
el abandono crónico
del gobierno central;
una corporación más
a título de
Escuela Judicial para
someterla a los “estándares internacionales” significa
ni más ni menos
que someterla a la conveniencia y extravagancias de las
escuelas privadas del
extranjero, ya podemos
pensar de qué
país del extranjero
estamos hablando, lo que
necesitamos son profesionistas auténticamente comprometidos con nuestra Nación
y no lacayos de
países imperialistas; necesitamos
profesionistas
universitarios imbuidos de una a conciencia universalista, secularizados, no fanáticos serviles a los intereses extranjeros.
El Poder Judicial está
para hacer Justicia,
no para realizar
una aberración de justicia
modelada por la misma
institución corporativa; la
educación, la culturización de los profesionistas avocados
no solo para la carrera
judicial sino para otras
muchas avocadas a otras
materias de trabajo,
es un problema de
Estado que corresponde
resolver de manera democrática,
y ese papel lo deben
desempeñar las
universidades públicas, en
este caso las
de las facultades de
derecho públicas. Se
advierte de aquí que asimismo de dotar
al poder judicial
de una entidad para
que prepare a su
personal profesional, con ello se
rompe el principio de la
división de los poderes,
en demerito de las entidades que
originaria y lógicamente
están avocadas a la
preparación de los profesionistas de
la abogacía como
son precisamente las universidades
públicas. Aquí se
advierte cómo la
propuesta de una escuela
judicial para preparar
a los defensores de
oficio y demás personal
de abogados no
es más que una
pretensión ilegítima, que
viola el principio de la división de los poderes ,
de ahí que la iniciativa
de reforma judicial
del Poder Judicial y
del Presidente de la
República peca de hipocresía; es deseable
que el Presidente y las
cámaras del Congreso de la Unión manejen
el tema en cuestión
con sumo cuidado y prudencia poniendo
siempre los intereses
del pueblo por encima de
las diatribas que
tuercen el justo sendero
de la Democracia.
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