viernes, 11 de octubre de 2019

Lo que urge es desintegrar a la actual #SupremaCorte


Lo que urge es desintegrar a la actual #SupremaCorte -#SCJN- tal y como lo hicieron #ErnestoZedillo y #SalinasdeGortari en 1994, y poner al menos de momento nuevos ministros democráticos comprometidos con el #pueblo no extraídos de los rincones siniestros del #PRI#PAN#PRD y agrupaciones similares.La desintegración de la actual SCJN es #urgente tomando en cuenta la calaña de esos señores jueces ministros , su infinita contextura de traidores a #México, con los altísimos sueldos que graciosamente se autoaplican, ya para ellos, ya para la caterva de jueces, magistrados y demás funcionarios del #PoderJudicialFederal#PJF. Todos esos funcionarios por virtud de su propaganda están revestidos de una falsa aureola de su supuesto compromiso con la #justicia, pero a lo que se dedican de manera turbia es a sabotear la justicia bajo los pretextos de una serie concatenada de principios abstrusos con los que escamotean los nobles valores de la justicia .

Toca su turno a los legisladores encargados por la #Constitución de fijar y establecer el monto de los salarios de jueces magistrados , ministros y demás altos funcionarios del PJF; tales facultades se las ha arrogado el #ConsejodelaJudicatura Federal #CJF y la SCJN; tales facultades no corresponden a esos funcionarios sino al #PoderLegislativo , #CámaradeDiputados #Federal quién debe asumirlas y poner un hasta aquí al abuso del #poder de que se ha investido asimismos el CJF y la SCJN . A propósito de la dada de baja del pseudo Ministro de la SCJN Eduardo #MedinaMora, deben nombrarse para sustituirlo a personajes comprometidos con el pueblo como, ya lo dijimos, #ManuelFuentesMuñiz, hay otros elementos idóneos en #Oaxaca como el abogado Julio César Velázquez , AntonioAquino , Jesús Matías. Hay que decir que es un imperativo la desintegración y demolición de la actual Suprema Corte, todos aquellos profesionistas honorables, competentes y desligados de grupos y agrupaciones con intereses personales creados.

sábado, 14 de septiembre de 2019

Suprema Corte de Justicia y Consejo de la Judicatura Federal base y cúpula de la más grave corrupción en México.




Suprema Corte  de  Justicia y Consejo  de la  Judicatura  Federal base  y cúpula  de la  más  grave  corrupción  en  México.

Por  los juristas  Francisco  Salvador  Pérez y Giap Salvador Díaz.
Twitter: @giapsalvador1
Canal Youtube: Benito Juárez Quetzalcóatl.
https://www.youtube.com/channel/UCQX8kwbrxZGC9egpgaCTpTg?view_as=subscriber

Oaxaca  de Juárez Oaxaca, a 14 de  septiembre de 2019.w Urgen  cambios  estructurales en  el aparato de  Justicia Federal de México. Se  requiere  eliminar  de  raíz tanto a la  Suprema  Corte  de  Justicia  de la  Nación  como al  Consejo  de  la Judicatura  Federal por  estar  conformados  por una  estructura  que  sólo  mira  a resguardar  los  intereses  personales  de los graciosos ocupantes  de los  altos  cargos; esos  altos  cargos    son  los que  ocupan    los  ministros de  aquel  alto tribunal  y los   consejeros de la Judicatura Federal;   si  llegara  a  hacerse  una  auditoria  idónea acerca  del  tipo de  resoluciones  que  se dedica a  pronunciar el  mismo  alto tribunal,   como   el  Consejo  de la Judicatura,   en los  conflictos   que  surgen   en el seno del Poder  Judicial   con motivo de la  actividad  de los  funcionarios  judiciales,  podrá  advertirse   cómo   esos  conflictos   adolecen  absolutamente  de los  requisitos  procesales   que  exige un  Estado  de  Derecho, de los  requisitos    que  de manera  clásica   están  consagrados   por el  orden  normativo  y la doctrina,  y así  tenemos   que  esas  controversias   de manera  sistemática adolecen   del   cumplimiento  del  debido  proceso  legal;   dichos  funcionarios   judiciales  y administrativos  al realizar esa  siniestra  tarea,  sistemáticamente,  por  metodología  deliberadamente  condicionante  de sus  actividades, se dedican  a simular   el debido proceso  legal  y a solaparse  los  unos    con los  otros en posturas  que rayan  en lo cínico  y delincuencial; estos posicionamientos provienen  de la   preparación  que  al  efecto  han  recibido  en   los  cursos , ciclos  de  conferencias  y literatura  que  les  son  impartidos    de  manera  sistemática por personal y personajes adecuados al efecto y por  instigaciones de los altos  mandos  de la  Suprema  Corte  y del Consejo de la Judicatura bajo  la indicación  del presidente  de estas  instituciones;  esos  cursos  y  conferencias   comprenden a quienes  los  imparten a personas  a fines  a los  intereses  del extranjero.  Estas  actividades  las  realizan desde  luego   con un  gran despliegue de arbitrariedades  y prepotencia;  el resultado  de  ese  trabajo ingrato  son las  aberrantes  resoluciones  que  pronuncian   tanto el  Consejo de la Judicatura  Federal   como la  Suprema  Corte.  En esos  conflictos  de  una  manera  vil y abyecta,  dicho alto  tribunal de forma  vergonzante   expresa  en sus resoluciones que  no puede  actuar asumiendo  sus  facultades   de órgano  jurisdiccional;  sino  que simplemente  los  hace  poniéndose  a nivel   del  Consejo de la Judicatura, que  jurídicamente   tiene   las  características   de  ser  un  organismo policíaco,  como  una  simple  autoridad administrativa  policíaca  que revisa  las   resoluciones  del  Consejo   únicamente con  base en el  status legal  y administrativo  de la  otra  autoridad   mencionada;  en  contra  de  esas  determinaciones  se  hacen  valer  recursos  administrativos  de  los  que  indefectiblemente   conoce  la  Suprema   Corte  en  cuyas  resoluciones    el  Alto  Tribunal  no sólo   confirma  las  resoluciones  del  Consejo, sino que de manera  brutal las  mejora  con agregados impresentables porque los hace  en perjuicio de la parte  débil  que son los inculpados jueces y  magistrados;  a  todo  esto se  agrega   el  que    de  manera  cómoda  tanto   en la  Constitución   como en la  Ley  Orgánica  que  rige  la  actividad  de    aquellas  instituciones  se  establece  que   los  jueces  y magistrados   no  pueden hacer  valer ningún recurso    no  ya   extraordinario    sino ni siquiera  ordinario  en  contra   de las  correspondientes  resoluciones que  los  agravia,   todo  ello   con  violación  abierta  e impune  de  las  normas   que  rigen  el  Estado  de Derecho,  todo  ello  en  gratuito  beneficio  de  aquella   autoridad administrativa;  estas siniestras actuaciones  las  vuelve  “jurisprudencias” la Suprema  Corte, violando  así  todo  el  orden  normativo  vigente  del  país;   ante  una  situación así urgida  de   justicia, no existen de  manera  absoluta  en el  sistema  jurídico del país alguna vía  de  hacer  valer  medios de defensa que  como garantía  exige   cualquier orden normativo que respete el Estado de Derecho;  haciendo  gráfica esta  situación  podemos  imaginar  un  partido de  fútbol de paga y que jala miles  y miles de hinchas   entre  dos  contendientes   en que  los  directivos previamente   se ponen  de acuerdo para  que   uno  de los  equipos  de  antemano   se  deje   ganar  el partido, por  lo  que  de  antemano  ya se  sabrá el resultado   de  ese  partido;  y  entonces  los que así   controlaron el evento  obtendrán   los  réditos   consiguientes; en una  situación como éstas  desde luego  que  entran  en juego  muchos y pesados  intereses;  podríamos definirla  como   de   una lógica de las  mafias,  pero  desafortunadamente    así   despliegan  sus  partidos  de   balompié    esos  equipos  llamados  Suprema  Corte  de  Justicia  y Consejo  de la Judicatura Federal.
El  hecho muy  grave  en  México  es  que   por  otro lado  la  Suprema Corte   actuando  como  juez y parte  y haciéndose   justicia  por  propia  mano  en la  actividad  que desarrolla  al lado del Consejo de  la Judicatura Federal, a las  resoluciones  que  pronuncia   también  las  dota el sistema  jurídico  de lo  que ellos  llaman la  autoridad   de la  cosa  juzgada y jurisprudencia,  que no  son más  que   jurisprudencias o disposiciones  normativas  espurias   cuya  aplicación  es  obligatoria  para  todas  las  autoridades  judiciales  del  país en las resoluciones que pronuncia; de tener conocimiento de ello George  Orwell  se removería   en su  tumba  sorprendido  de tanta  perversidad.
También tenemos  que la  Suprema  Corte  actúa   como un  tribunal  absoluto, cuyas  resoluciones  por  sistema anómalamente son irrevocables, son intocables; si  en el  caso  del  trabajo que realiza  con el  Consejo de la  Judicatura Federal actúa  como ya hemos descrito  fácilmente  nos  podemos   imaginar cómo son  sus  resoluciones cuando actúa como tribunal  supuestamente   jurisdiccional;  esta  Suprema  Corte  sanciona    otro  tipo de actuaciones  o  resoluciones  administrativas   en  contubernio    con el Consejo de la Judicatura  Federal; en este caso  para  dar  trámite  y resolver  de  plano   sin  ningún  control  institucional  acerca  de  cuestiones  gravísimas    como  las  que  tienen que  ver  con la  aplicación de los  altísimos  presupuestos que manejan tanto para    como para  el Consejo de la  Judicatura Federal;  son miles  de  millones   de  pesos    los  que   tiene  que  mover así anómalamente  sin  ningún  control institucional eficaz  que garantice   el manejo    correcto, probo  y  honesto  de los vastísimos  recursos.
No paran  ahí  las  anomalías   de la   Suprema  Corte  y  del  Consejo  de la  Judicatura porque el Presidente que  lo es de  ambas  instituciones  a la  vez –anomalía gravísima-    actúa  al mismo tiempo    en  tales  términos    violándose  uno de los principios   básicos  del  ejercicio  de las   funciones  públicas    conforme  el  cual  no  se  pueden    desempeñar  al mismo  tiempo las   funciones   de  dos  cargos  federales;  ejemplificando   este  ha  sido el  caso   de todos   los  Presidente   que  ha  tenido   la  Suprema  Corte  prácticamente  desde  su  creación  que   fue  a fines    del  mandato   de  Carlos  Salinas  de  Gortarí   hasta   el  que  está  actualmente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea pasando por  Guillermo   Ortiz Mayagoitia, Luis  María  Aguilar  Morales y otros pillos;  estas   gentes  cuando   hablan, ¡quien  les  creyera! ,   quieren hablar  a la  vez con un tono pontifical y  como hermanitas de la  caridad con   lo que exhiben a la  manera  de  un  lapsus  linguae  fingir ser incapaces  de   cometer  fechorías y de  ser  corruptos, así  no paran, cada  que  hablan  a los  medios, no se cansan de hablar   en contra  de la  corrupción , como el sumo sacerdote  que dijo ante los periodistas  que el diablo  existe y éstos le hicieron ver  que  cómo  si él  precisamente  tenía  una  gran  cola;  todas  estas   y muchas  más  anomalías   que  pueden  salir  a la   luz   son atribuibles  a  dichas  instituciones  y que rebelan   lo mal    que  hacen  la   labor  administrativa   y la  jurisdiccional,  por lo  que  ambas   instituciones,   que de  hecho  forman   una  sola, deben ser  desmanteladas totalmente,  así  como lo   hizo   en 1994 Carlos  Salinas  de  Gortarí   a raíz  de la  entrada  a ocupar   el  cargo de  Presidente   Ernesto Zedillo  Ponce  de León,   en   cambios   que  también  crearon   el  espurio  Consejo de la  Judicatura actual que desde  entonces   viene   funcionando;  este  último  órgano también  debe  ser  desmantelado con el  objeto de  que  no  intervenga ni interfiera  en la  labor  jurisdiccional  como lo viene  haciendo desde   entonces a través de las  resoluciones  que dicta  en  contubernio  con  la  Suprema Corte;  se recuerda  que en  su jerga dirigida a jueces  y magistrados   federales   ambas  instituciones  de  manera   presuntuosa  propalan   ser  sumamente  independientes;  en virtud  de  que  todo  el sistema  de  la  Justicia  Federal se  encuentra  afectado de  manera  grave  por el mal de la  corrupción, pues adolece    de  ese  mal de  manera  prácticamente   institucional precisamente porque así  fue   programado y diseñado y  llevado a efecto;  es  necesaria  una renovación de la mayoría   del  personal  profesional   y mediante la  implantación de  programas  rápidos   y eficaces   que se realicen    con la  colaboración   sobre  todo   con la   de las  escuelas  del  derecho  públicas   y de otras  instituciones  afines  y complementarias, se prepare  al  nuevo personal   de  jueces, magistrados   y secretarios   que sustituya   a  aquellos, con el objeto de  preparar a jueces, secretarios    y magistrados sobre todo cultos,  comprometidos   con las  metas   nacionales  caras  a nuestra  patria, que privilegien  obviamente  la satisfacción de las  ingentes  necesidades  nacionales, queremos que la patria se enderece  por senderos  que vayan hacia el rescate de  los valores  que son la  razón de  nuestro  ser, el rescate de nuestra grandes riquezas, la  fortaleza de nuestras instituciones, la  elevación del nivel de vida, la lucha  contra toda clase de fanatismos  y prejuicios, la solidaridad contra  los  carentes de fortuna y capas  de población  empobrecida por las  injusticias, la solidaridad con los migrantes  de los países latinoamericanos;  bajo esos valores deben formarse los nuevos  cuadros de jueces y magistrados federales. Bajo estas premisas debe fundarse la  creación  de las  nuevas  instituciones    y preparación  de  los  nuevos funcionarios judiciales.

La dupla Suprema  Corte  y  Consejo  de la  Judicatura  Federal dado  que  actúan  de  manera  unitaria  para  su  conveniencia, para  eternizarse  en los  puestos,  lo  hacen  como  juez  y parte  y  haciéndose  justicia   por  propia  mano   en  abierta  violación  de los  principios   de  imparcialidad y profesionalismo   que  consagra  el  artículo 17  constitucional.    En las  Controversias  promovidas  por  una  gran  cantidad  de  jueces  y  magistrados  federales con  motivo  de   los  altísimos  salarios  que les  paga   dicha  dupla  a los  que  aparecen  como  inconformes,  sin  ningún  pudor  el  citado  Alto Tribunal y  con la  complacencia  de  los  otros   dos  poderes legislativo y ejecutivo ¡vaya!  se avocó  al  conocimiento de  dichos  asuntos en los que los ministros-jueces de las  instituciones aludidas  son partes interesadas  puesto que  en contra  de  ellos se dictaron  las  normas respectivas  para  que  se les  rebajaran   los  altísimos  salarios  que devengan; como se sabe de  tal prebenda   disfrutan  de  manera  exagerada los flamantes ministrosjueces; así  las  cosas   dichos  privilegiados    funcionarios tan vociferantes en los medios de prensa de manera  escandalosa se  hicieron las víctimas ante las modestísimas y  justas    disposiciones del Poder  Ejecutivo para rebajarles sus  exorbitantes  prestaciones;  es  decir, mostraron de   esa  manera  su   impúdica oposición    a las  normas  mediante  las   cuales ¡por  fin!  les recaía aunque   con evidente lenidad  una medida  de  justicia.  Aduciendo  de  manera  desleal  y  corrupta los  infalibles   jueces-ministros  supuestas facultades   provenientes   de los   pesos  y contrapesos   que  sancionan la  doctrina  de la  División  de los Poderes   Públicos, se  avocaron así al  conocimiento  de  aquellos asuntos, de los cuales  carecen   en absoluto    de  poder  y  competencia  para  avocarse a su  conocimiento  y resolverlos. 

La  Suprema  Corte y por las  mismas  razones los  demás tribunales  federales   carecen   de  competencia para  resolver  dichos  asuntos, carecen de  jurisdicción, por  lo que al  actuar  como  jueces  lo   hicieron mutu proprio como simples personas  sin  ninguna  facultad  legal y constitucional; en las resoluciones de la  Suprema  Corte  en que  esta  actúa sin competencia   y como  juez  y parte se hace  justicia  por  propia  mano;  es  claro   que la  doctrina de la  división  de los  poderes  públicos de  ninguna  manera  cobija  y solapa  las  actuaciones  deshonestas  de los  servidores  públicos. Por  su importancia o relevancia, una  razón más, la  naturaleza de  dichas  controversias es eminentemente política,  es  decir que se trata  de  asuntos  de  carácter político   en los que   nada  tiene  que  hacer  la  Suprema  Corte  y  sus  jueces  ministros autoridades  judiciales;  en tal   virtud  quien  tiene  la  competencia  como autoridad política   de  primer  nivel  lo es  el  Titular  del Poder  Ejecutivo y Jefe  y rector  máximo del  Estado,  quien    actuando  de   común  acuerdo   con la   Cámara  de  Diputados,  órgano  éste  que  es el competente  para  fijar y  especificar las prestaciones de los servidores públicos Federales,  obviamente    dichos  órganos   son   en todo  caso  los  que  deben  fijar   la  medida  y el monto de  los  salarios   correspondientes  a todos   los  servidores  públicos   federales,   de  ahí  que  se puedan  juzgar     cuando  menos   como  frívolas  las  actuaciones   que  al  efecto  están  teniendo  tanto  la  Suprema  Corte  como  los  demás   jueces y magistrados  del Poder  Judicial  Federal, por lo que URGE: que los  titulares del Poder  Ejecutivo Federal  y de la Cámara  de  Diputados   atraigan  todos  esos  asuntos   asumiendo su  competencia  plena y política al más alto nivel del  Estado  y los resuelvan  en la  esfera  administrativa    soberanamente;  también  es  urgente  que en los  casos  subsecuentes para  casos  de la misma  naturaleza  asuman  el mismo  papel acabado de mencionar. Asimismo consideramos necesario  consagrar   el  mismo   criterio   en la  Constitución y  leyes  secundarias.  
  

miércoles, 21 de agosto de 2019

Artículo 3 reformado mayo15, 2019 segunda parte


VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013) 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan;
(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019)

IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá:

a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional;

b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación;

c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación;

d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar;

e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia;

f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos, y

g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional.

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones.

El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano.

La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por cinco personas que durarán en su encargo siete años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación.

El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley, estará integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus
integrantes, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo.

Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho Consejo, y
(Reformada en su integridad mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019)

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
(Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019)