La batalla por la educación
John M. Ackerman
Los maestros de Oaxaca y Guerrero tienen razón. La reforma
educativa de Enrique Peña Nieto no busca fortalecer la educación pública ni
acabar con el corporativismo, sino reconfigurar el charrismo sindical en
función de los intereses del nuevo PRI y colocar el sistema de enseñanza
nacional al servicio de las grandes corporaciones domésticas e internacionales.
Existen múltiples formas para llevar a la práctica las recientes reformas a los
artículos 3 y 73 de la Constitución. Pero la única manera de garantizar un
desenlace positivo para la sociedad es mediante la participación de los
maestros de base y el sindicalismo democrático en la elaboración de las leyes
secundarias y en el nombramiento de las nuevas autoridades educativas.
Hoy la Carta Magna señala que el Estado debe garantizar la
calidad de la educación pública. Esta obligación se debe cumplir por medio del
establecimiento de un servicio profesional docente y con la ampliación de las
facultades y el otorgamiento de autonomía constitucional al Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE). Pero la historia nos ha demostrado
que, sin una amplia participación social, los esfuerzos de profesionalización
de servidores públicos y de construcción de organismos autónomos no hacen más
que recubrir y legitimar las prácticas corruptas de siempre.
La fallida aplicación del Servicio Profesional de Carrera es
un excelente botón de muestra. Este 10 de abril la ley federal en la materia
cumple 10 años, sin haber generado condiciones para una verdadera
profesionalización del gobierno federal. Vicente Fox, Felipe Calderón y cada
uno de los grises políticos designados como secretarios de la Función Pública
encontraron una variedad de maneras para soslayar la ley por medio de
reglamentos y acuerdos que garantizaban la celebración de concursos de
oposición a modo y la colocación de miles de puestos fuera del alcance de la
norma. No existe un solo experto en la materia que celebre la manera en que se
ha aplicado esta ley que, en su momento, fue presumida por los gobiernos
panistas como una gran contribución a la democratización del país.
Peña Nieto ha continuado con la tendencia a la
desprofesionalización del gobierno federal. Las recientes reformas a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal eliminan de un plumazo la
Secretaría de la Función Pública, institución creada en 2003 precisamente para
implementar el servicio profesional. El nuevo Presidente también logró la
aprobación de reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera que
excluyen a miles de directores generales del gobierno federal de la norma y
dejan el espacio libre para la colocación de sus cómplices y aliados.
La forma de nombramiento de los integrantes de la junta de
gobierno del nuevo INEE también busca garantizar la continuidad del manejo
faccioso de la educación pública. La Carta Magna indica que la decisión se
tomará a puerta cerrada por el propio Peña Nieto y sus amigos, sin convocatoria
o auscultación pública alguna para los candidatos. Después de este arreglo
cupular donde se hará la verdadera selección, una terna falsa se llevará al
Senado para que los representantes populares tengan la oportunidad de fingir que
escogen libremente al candidato previamente decidido en Los Pinos. Y si por
alguna razón los legisladores no actuaran dentro de 30 días o sorpresivamente
tuvieran la audacia de rechazar las ternas del presidente, la reforma incluye
el candado de que el Presidente podrá designar de manera directa y unilateral a
los nuevos funcionarios.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) acertadamente ha denunciado los impulsos privatizadores de la reforma.
La nueva autonomía de las escuelas para mejorar su infraestructura, comprar
materiales educativos y resolver problemas de operación básicas tiene el
evidente fin de legalizar y expandir la práctica de obligar a las familias más
humildes a realizar aportaciones voluntarias para garantizar condiciones
mínimas para la educación de sus hijos. Esta autonomía también abre la puerta
para, a imagen y semejanza de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, generar una
enorme diferencia de financiamiento entre las escuelas públicas que sirven a
los sectores más prósperos y aquellas otras ubicadas en los barrios y
poblaciones más humildes. Los terribles efectos de este tipo de privatización y
segregación escolar han sido ya ampliamente documentados por los expertos en la
materia.
Es cierto que nadie podrá reponer las incontables horas
perdidas por los miles de vacacionistas que se dirigían a Acapulco el pasado
viernes, 22 de marzo. Ellos no son los culpables de la regresión autoritaria
que hoy se vive en el país y no tendrían que haber pagado los platos rotos de
la cerrazón política de las autoridades. Pero la manera de evitar futuras
interrupciones no es con la represión de los disidentes y la exclusión de las
opiniones discrepantes, sino con su plena inclusión en el debate y la
elaboración de las políticas públicas.
Nuestro sistema educativo no debe apuntar a formar obreros
obedientes listos para vender a precio de remate su mano de obra a la
oligarquía nacional y el capital internacional, sino a generar ciudadanos
críticos que buscan participar plenamente en las decisiones políticas
nacionales y luchar por la justicia social. Defendamos nuestro derecho a una
educación verdaderamente de calidad.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/01/index.php?section=politica&article=017a2pol
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