Del dedazo en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Del dedazo en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 96 de la Constitución, de la designación de ministros de la Suprema Corte.

Porque estén previstas en la Constitución, y sus maneras de tratarlas, las cuestiones que interesan a la Nación, no por ello esas cosas necesariamente están bien; este es un punto crucial del manejo de las cosas públicas y de los intereses de México como unidad política y social en estos tiempos en que quienes administran el Estado a nombre de la Federación ya es un dogma que están actuando en contra de los intereses nacionales delineados en el Derecho Constitucional moderno. El concepto mexicano de Nación es complejo y múltiple pero unitario, como puede verse del enunciado de los artículos 2, 3, 24, 25, 26, 27 y 28 constitucionales, en el núcleo del cual como una verdad apodíctica está la Nación Mexicana, el pueblo de México, sin desligar de éste al individuo, también como valor supremo, verdad que es la razón de ser del Estado, del aparato público, del Derecho mismo y de la propia Constitución, pero esta verdad incontrovertible, dogmática, de manera sistemática no la respetan, la violentan abiertamente, quienes tienen el control del aparato público en México. La única verdad absoluta que guía en su acción estatal de aquellos la constituye el escasísimo grupo de potentados, políticos y capitalistas que concentran y amasan el producto del gran esfuerzo y trabajo de todos los mexicanos, es decir, de nuestra Nación. En la Constitución está diseñado un aparato público en que de manera ya lejana, el Estado está para servir a México. El diseño del aparato público está hecho a estas alturas para servir éste como un simple instrumento al servicio de los grupos políticos y empresariales, capitalistas, que tomaron el control de la Administración Pública, vía los llamados partidos políticos, que en México nos son más que minúsculos grupos de privilegiados que responden a los intereses de quienes mueven todas las piezas claves de ese sistema autoritario y tirano al servicio de los grupos mencionados. Contrayéndonos al área de la Justicia en México, la consagración de estas situaciones graves, de estas aporías, es el diseño de la Justicia nacional, que cabe decir, es abiertamente antinacional y antimexicano.

Por conveniencias de diversa índole de los mencionados grupos privilegiados, siguiendo el caduco modelo norteamericano de Justicia, por el sometimiento y dependencia de los mismos a los intereses del capitalismo de dicho país, en México copiamos servilmente el mismo sistema nefasto de Justicia. En recientísimos días, v. La Jornada 16 noviembre, un juez (ministro) de la Suprema Corte de México, enervado, lo vimos devoto quemándole incienso a su ídolo predilecto, el sistema de Justicia de los Estados Unidos. Así contamos con una Suprema Corte, que sólo en la propaganda del Régimen, es Suprema y es Corte porque más bien funciona como un Super Ministerio de Injusticias a Gran Escala, porque dicta sistemáticamente de manera unilateral , omnímoda, policíaca, abusiva y omnipotente las consignas, directivas, órdenes y directrices mediante las cuales todos los jueces del país resuelven los millones de asuntos de que conocen, todo ello bajo el disfraz precisamente de la función jurisdiccional y de la despreciable práctica policíaca que el sistema jurídico y político llama “la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, y sus tesis relacionadas”. Este es un sistema dictatorial y tiránico de hacer funcionar la Justicia. Once potentados, enfermos de soberbia y de abuso de los cargos que ostentan, llamados ministros de la Suprema Corte son los encargados supremos de dictar esos criterios a todos los jueces mexicanos. El pretexto que para ello se utiliza, es que las resoluciones de los jueces mexicanos no sean contradictorias, como si todos los litigios tuvieran idéntica naturaleza jurídica. A nombre de esta ceguera, en donde debiera campear la luz, prevalecen la intolerancia, la inercia, la falta de análisis jurídico, creatividad y el uso de la razón; por ello el sistema de justicia mexicano consagrado principalmente en la Constitución, en la Ley de Amparo y en las leyes orgánicas de todos el sistema de Justicia es antidemocrático y caduco, y de él sacan pingües provechos los grupos plutócratas, llamados partidos políticos, encaramados en el Poder Público. Por ello es que resulta repugnante que a los llamados ministros de la Suprema Corte los nombre de dedazo abierto y cínico el Presidente de la República y el grupo de políticos que jinetean el llamado Senado de la República, y pese a que ello está previsto en la Constitución tal prevención está en contra de los principios liberales y democráticos que informan el Derecho Constitucional Moderno, en que han encontrado sustento nuestras constituciones; el sistema de elección de los jueces “ministros” de la Suprema Corte es caduco y antidemocrático y debe ser eliminado. Conforme al principio de la Separación de los Poderes Públicos el Presidente de la República carece de derecho o facultad alguna para designar a los jueces del Poder Judicial, y por ello la designación de los mismos debe provenir directamente de un juego limpio y procesos realizados por los sectores representativos del pueblo con la intervención únicamente para sancionar esos procesos, elecciones y designaciones, por la Cámara de Diputados, pero no por el anticuado órgano de inútiles llamado Senado de la República que debe desaparecer de la faz de la estructura del Estado mexicano. Lo mismo cabe decir de la llamada Suprema Corte de Justicia por ser de origen abiertamente antidemocrática, policíaca, obsoleta y anticuada. Las funciones y atribuciones de ese nefasto organismo deben ser reasumidas conforme a los principios constitucionales antes mencionados por todos los jueces y magistrados federales radicados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, e incluso por los poderes judiciales de los Estados de la República en los casos de sus competencias por territorio, materia y fuero.

Si la actual Suprema Corte le da órdenes a todos los jueces para que resuelvan en determinados sentido, aquella autoridad no es ni Tribunal de Justicia , ni Suprema Corte; así no es más que un órgano policíaco al servicio de la oligarquía reinante. Es un caduco Ministerio de Justicia al estilo de Porfirio Díaz.

Para que los jueces y magistrados en general sean capaces o idóneos para la función jurisdiccional o de la justicia deben ser independientes, es decir profesionales en sentido estricto; por tanto, la Suprema Corte sale sobrando a México, como también el Senado de la República; lo mismo cabe decir de esa policía política del Régimen diseñada para perseguir, encausar, castigar y torturar vil y gratuitamente a jueces y magistrados federales, desde 1994, llamado Consejo de la Judicatura Federal. Esas tres instituciones deben ser demolidas. ¿Cuánto le cuestan a México tamaños monumentos al derroche, a la soberbia, al abuso del poder y al pésimo ejemplo para el Mundo? Los Beltrones Rivera, los Mariano Azuela, los Ortiz Mayagoitia, los Luis María Aguilar Morales, los Constancio Carrasco Daza demasiados daños le han causado y le siguen causando a México, a la Nación, a la República. Los mexicanos decimos ¡Ya Basta¡

República Mexicana. Noviembre de 2009.
Ciudadanos Mexicanos Quetzalcóatl en Lucha por la Efectividad de la Soberanía del Pueblo y la Democracia.