Acerca del asalto gansteril a CONTRALÍNEA.
12 de abril de 2010
Acerca del asalto gansteril a CONTRALÍNEA.
A pesar de que la Administración-Federación que encabeza Felipe Calderón Hinojosa con sus miles y miles de agentes que conforman sus ejércitos de policías, de parapolicías, de militares, paramilitares, contratistas, agentes, y mercenarios policíacos norteamericanos y de otros países del occidente cristiano que tienen invadido y ocupado todo el territorio de México realizando una ilegal y anticonstitucional guerra contra los supuestos enemigos, el terrorismo y la delincuencia organizada, copia de la que realizan la oligarquía de Washington y la Monarquía Británica en contra de Venezuela, Argentina (Islas Malvinas), Colombia , Irak , Afganistán, Honduras, Región del Cáucaso, etc., guerra mediante la cual Felipe Calderón Hinojosa se engulle los inmensos presupuestos fiscales de la Federación mexicana, dejando en la vil miseria a más de 90 millones de mexicanos de los 110 que conformamos todo el país, sus hordas criminales bajo el disfraz de agentes de la ley y encarnación de la democracia al estilo Washington, convierten el territorio nacional en el gigantesco matadero y genocidio contra la Nación mexicana que estamos presenciando, con miles y miles de mexicanos asesinados, sin que la Administración federal de Felipe Calderón Hinojosa dé cuenta y razón de esa barbarie ya sea ante la justicia mexicana o ante la justicia internacional, desde que asumió el cargo de Presidente sin los mínimos requisitos constitucionales, para lo cual contó con la complacencia más abyecta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, del Tribunal Federal Electoral, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados Federal.
Por ello no es raro de que a pesar de todas esas fuerzas represivas en contra del pueblo de México, sean éstas manifiestamente incapaces de salvaguardar el Estado de Derecho que establece la Constitución como en el caso de las instalaciones del medio de expresión CONTRALÍNEA, en cuyo allanamiento y actos depredatorios ocasionados en horas recientes obviamente le resulta responsabilidad a la Administración Policíaca Federal de Felipe Calderón Hinojosa sea por acción o por omisión. El pueblo de México y sus organizaciones patrióticas condenan dichas actividades gansteriles y hace un llamado a todos los mexicanos para que exijan a la Administración Policíacomilitar Federal de Felipe Calderón Hinojosa y a la correspondiente de Barack Obama de los Estados Unidos para que dejen de aplicar sus política criminales y genocidas y permitan que México avance y viva en paz.
OAXACA, MÉXICO.
Ciudadanos Mexicanos Quetzalcóatl en Lucha por la Efectividad de la Soberanía del Pueblo y la Democracia.
| Autor: Contralínea |
Este fin de semana fueron nuevamente allanadas las instalaciones de la revista Contralínea, ubicadas en la avenida Balderas, 33, delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. Esta vez, los delincuentes violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y expedientes periodísticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas de la empresa que edita Contralínea. El inventario de lo sustraído aún no se concluye.
Los hechos se denunciaron la mañana del 12 de abril ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la Agencia Investigadora del Ministerio Público Cuauhtémoc: expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04.
El robo a las instalaciones de Contralínea se suma a la serie de acosos que los periodistas de este medio de comunicación han padecido desde 2007, derivadas de su ejercicio profesional, acoso y agravios que incluyen el allanamiento a sus instalaciones en tres ocasiones (entre 2007 y 2009), y el arresto de su director, Miguel Badillo Cruz, el 16 de enero de 2009, y la orden de arresto contra la reportera Ana Lilia Pérez.
Actualmente, los periodistas de este medio de comunicación tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y medidas precautorias dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Desde 2007 este medio informativo ha recibido amenazas de muerte e intimidaciones por parte de corporativos privados contratistas de Petróleos Mexicanos como Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Estas compañías mantienen seis demandas civiles y una penal contra Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y Jorge Meléndez.
El más reciente allanamiento y robo en agravio de la revista Contralínea se registra a siete meses de que la CNDH emitiera la recomendación 57/2009 –el 14 de septiembre de 2009–, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.
En la inédita recomendación –“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditaron como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Además de la denuncia ante la PGJDF, Contralínea ha dado vista de hechos al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas y a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares.
Los periodistas de Contralínea exigen al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y a la administración local de Marcelo Ebrard Casaubón el esclarecimiento de estos hechos violentos así como la sanción a los responsables de los mismos.
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