MARASMO, FALTA DE CAPACIDAD Y DE PROFESIONALISMO DE LA SUPREMA CORTE Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.

PONENCIA. Exmagistrado Federal oaxaqueño propone que la Suprema Corte y Consejo de la Judicatura Federal deben ser extirpados del Poder Judicial Federal

MARASMO, FALTA DE CAPACIDAD Y DE PROFESIONALISMO DE LA SUPREMA CORTE Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.

AL PUEBLO DE MÉXICO; ESTIMADOS PROFESIONISTAS; JURISTAS; CIUDADANOS CONCURRENTES A ESTE CUARTO FORO NACIONAL SOBRE SINDICALISMO, JUSTICIA, DEFENSA DE LA TIERRA Y DERECHOS HUMANOS, QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LOS DÍAS 16 Y 17 DE JULIO DE 2011, EN ESTA BELLÍSIMA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, PRESTEN SU ATENCIÓN POR FAVOR. GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, COHORTE Y SU GUERRA CONTRA EL PUEBLO DE MÉXICO PATROCINADA POR EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO; MARIANO AZUELA GÜITRÓN Y SOCIOS NO SON MÁS QUE INSTRUMENTOS DE LAS FUERZAS OBSCURAS QUE SOCAVAN A MÉXICO.

PONENCIA CONJUNTA que presentan el Ciudadano Giap Salvador Díaz y el Licenciado Francisco Salvador Pérez a la consideración del IV Foro Nacional sobre Justicia, Sindicalismo , Defensa de la Tierra y Derechos Humanos, antes mencionado, convocado por múltiples organizaciones de carácter sindical, de carácter ambientalista, de carácter popular, de defensa de la tierra , de carácter político, de usuarios de servicios, de organizaciones; de medios de difusión, cívicas, así como ciudadanos libres e independientes, entre otras.

En estudios sobre la Patria es necesario tener presente la diferenciación de lo que son: la Federación; las entidades federativas o Estados del país; y los municipios, conceptos constitucionales distintos, y trascedentes, que las altísimas autoridades federales han olvidado graciosamente, precisamente para poder cometer de manera sistemática a toda suerte de desmanes y abusos ya vueltos corrupción institucionalizada en contra de los municipios y los Estados del País. En todo aquello que le conviene, con diversidad de pretextos, la Federación ha desplazado y pisotea a los municipios y a los Estados del País y así como un truhán se dedica a usurpar las atribuciones, bienes y beneficios correspondientes de aquellas instituciones.

El tema de los días inhábiles está regulado en varias leyes federales y de los estados del país. Por tradición y por liturgia cívica son inhábiles los sábados y los domingos, el 1 de enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, jueves y viernes de la Semana Santa, el uno y cinco de Mayo, etc. Tradicionalmente durante muchos años, en esas fechas, sin haber sufrido variaciones, se venían suspendiendo las labores oficiales conforme a su razón de ser, y ello jamás originó problemas mayores; al contrario, ello era una consecuencia de un fervor cívico prevaleciente, de un respeto a nuestra memoria histórica; pero el gobierno de Vicente Fox, y el actual de Felipe Calderón Hinojosa cambiaron el calendario cívico, pues el de las conmemoraciones cívicas nacionales no se respeta, las cosas se hacen con un grave abuso y notorio desorden.

Serviles colaboracionistas del Poder Ejecutivo Federal, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia siguen al pié de la letra al efecto las indicaciones de aquel Poder y así se pliegan a las violaciones más extravagantes de las disposiciones sobre días inhábiles que por regular una materia cívica, litúrgica y ritual su cumplimiento por el Estado debe ser estricto, literalmente exacto, sobrio y no desprovisto de la reverencia que todos los mexicanos debemos a nuestras gestas y prohombres históricos.

En el caso del Poder Judicial Federal es muy grave que el servicio de Justicia Federal se suspenda e interrumpa por quítame ahí esas pajas. Es una vergüenza digna de censura que los ministros de la Suprema Corte y los Consejeros de la Judicatura, federales, suspendan de manera abiertamente ilícita las funciones judiciales, que constituyen el servicio público de Justicia. Así lo hacen durante los largos periodos vacacionales cuando los servidores judiciales deben programar sus vacaciones de manera escalonada para no interrumpir el servicio público de la Justicia Federal. Existe una relativamente gran cantidad de juzgados y tribunales federales en todo el país que hace prioritario e innecesario suspender o interrumpir el servicio de Justicia. Con la actual abusiva y desconsiderada práctica se violan también la autonomía e independencia de los juzgados y tribunales federales. El pueblo está indignado con la pésima calidad del servicio de Justicia, artificiosamente preestablecida, predeterminada y condicionada por aquellos altos organismos públicos. Así, el resultado es una Justicia manipulada por los dos organismos antes mencionados. Se trata de un enorme crimen que se comete en contra de todo el pueblo y de la Nación mexicanos. Se trata de una flagrante violación del Principio de la División de los Poderes públicos. Mientras la inmensa mayoría de los ciento diez millones de mexicanos (todos ellos mestizos e indios) están sometidos por la rampante tiranía en el Poder Público a desusados y perversos tratamientos de confusión, desorientación y mentiras sistemáticas, de hambre, de extrema pobreza, miseria y persecución, tortura y represión de las llamadas Procuración y Administración de Justicia Federales, toda suerte de privaciones y pena de muerte fuera de todo procedimiento judicial; en cambio los Ministros de la Suprema Corte y Consejeros de la Judicatura Federal gozan de indebidas e inmerecidos privilegios y prerrogativas, entre ellos los altísimos, excesivos e insultantes sueldos y prestaciones que a sí mismos se han otorgado por la ausencia de políticas y controles institucionales eficaces y disciplinarios, vacío de Poder y Estado de Derecho, de lo cual las Cámaras de Diputados y de Senadores son inútiles espectadores, sólo eso sí, muy serviles para atender las consignas del Presidente de México en turno.

La Revista editada en la ciudad de México CONTRALÍNEA en un amplio y bien documentado trabajo de investigación, correspondiente al día 20 de marzo de 2011, publica importantes datos acerca de las exageradas prestaciones de que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esa investigación nos dice que cada ministro cuesta a los mexicanos entre 223 mil 163 y 245mil 428 pesos mensuales, que se sitúan en términos absolutos en su género entre los más altos del mundo, mucho mayores incluso de los que se pagan en los países más ricos de Europa. Según el estudio, el ministro José Ramón Cossío Díaz opina que la discusión de los sueldos y prestaciones de los ministros de la Suprema Corte es un tema ya superado, lo que revela la degeneración , el cinismo y el grado de decadencia a que han llegado los máximos niveles de quienes manejan la justicia en México. Obviamente, la inmensa mayoría, los más de cien millones de mexicanos que vivimos bajo niveles de pobreza, condenamos la estupidez de tan altas prestaciones. Los sueldos y prestaciones de los Consejeros de la Judicatura se encuentran en iguales niveles de corrupción y exageración, terrible incongruencia, tremenda falta de sensibilidad de ambas organizaciones que determinan la clase de Justicia que se imparte en México. Es absolutamente injustificable que un órgano estatal de tercera o cuarta categoría y su alta burocracia, apreciado en términos absolutos, como lo es la entidad policíaca y administrativa llamada Consejo de la Judicatura Federal perciba salarios y prestaciones laborales del mismo monto o nivel que los jueces de la Suprema Corte, y muy superiores a los que perciben los jueces y magistrados Federales. Esto es francamente una estupidez, una brutalidad. los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal legalmente no son más que policías y por ende sus remuneraciones deben ser radicalmente menores que las de los jueces y magistrados.

Felicitamos a la investigadora Nancy Flores, su autora por ese trabajo tan claro y directo, que revela los obviamente exorbitantes, inmerecidos e innecesarios sueldos y prestaciones de los llamados ministros, a la usanza del Estado absolutista, de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, quienes así constituyen una banda de privilegiados, que actúa al margen del Estado de Derecho y en contra de los intereses de la Nación. La Suprema Corte como estructura y por sus métodos de funcionar, es una Institución que debe ser eliminada, debe ser condenada a desaparecer por todos los mexicanos por los tremendos daños que desde hace muchos años está causando al país, ya que se dedica sistemáticamente a imponernos un corrupto servicio de justicia selectiva que sólo mira mediante sus absurdos y anticuados criterios a afectar gravemente los intereses de los grandes sectores y mayorías de la Nación y a cuidar contra viento y marea sólo los grandes intereses antinacionales que se manejan desde el gobierno federal, y los de las clases ricas y privilegiadas del país. Las funciones que realiza ese indigno llamado Máximo Tribunal pueden y deben ser realizadas cuanto antes de manera total, independiente, eficaz y democrática por TODOS los otros integrantes jueces, magistrados y demás excesivo personal de que hoy por hoy se integran los demás órganos de justicia federal de México, ello por el bien y sobre todo por la fortaleza de la Nación.

La Suprema Corte de Justicia y el órgano administrativo mencionado sólo se sostienen por los enormes presupuestos públicos de que los dota particularmente el Poder Ejecutivo Federal, y por la fuerza bruta de los militares, paramilitares, policías y parapolicías, como puede constatarse de lo que ocurre en sus instalaciones, las que se encuentran tomadas por aquellas fuerzas armadas; el pueblo de México ya no sólo se dice que carece del libre acceso al servicio de justicia previsto en la Constitución. Ni siquiera se encuentra en libertad de poder entrar, caminar, gestionar y tratar los asuntos de suyo urgentes que le atañen, dentro de los edificios de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, grave anomalía que ocurre a diario, a ciencia y paciencia de los Ministros de la Suprema Corte, debido a que éstos carecen de talento, de carácter, de capacidad, de autoridad y de legitimidad para poner orden en la casa destinada a la impartición del servicio de Justicia que tienen encomendado; ahora resulta que las Fuerzas Armadas dependientes del Poder Ejecutivo Federal se han apoderado de las instalaciones de la Alta Institución de Justicia. Cuántos ciudadanos han resultado afectados por tales anomalías ¿Se interesa en ello la Suprema Corte? ¿Quién socorre a los ciudadanos ultrajados? Todo ello revela la degradación, la incuria, el despilfarro criminal de nuestros recursos nacionales y el despotismo a que han llegado las actividades de la Federación en México.

En el Bicentenario y en el Centenario del Inicio de nuestra Independencia y de nuestra Revolución nada relevante y digno pudimos presentar a tono con el significado político y grandeza de aquellos movimientos históricos; para el caso el gobierno federal sólo fue capaz de hacer un oneroso montaje frívolo sólo para dejar muy bien complacidos a los grandes medios de prensa y cadenas de televisión que manejan el marketing, pero nada significativo y trascendente en progreso político democrático, social y cultural. Vamos para atrás. Los gravísimos vicios, fallas y corruptelas institucionalizadas, de las Épocas de la Colonización Española y Porfiriana siguen plenamente vigentes en el rimbombante Siglo XXI. Las instituciones y estructuras de la Federación como una maldición para México suplieron y sustituyeron con creces a las caducas e indecentes instituciones y estructuras políticas de los españoles y del Periodo Porfiriano. Los encomenderos ya no son los gachupines o chapetones sino los altos funcionarios de la Federación y necesario es romper las cadenas del oprobio.

La Suprema Corte como equilibrador del abuso del Poder tiene facultades para someter al imperio de la Ley, la Justicia y el Estado de Derecho al Consejo de la Judicatura Federal y a todas las demás instituciones de orden público o privado, pero ha abdicado a tal responsabilidad y más bien se dedica a cohonestar, a reforzar, a consagrar y a solapar con las jurisprudencias y tesis que sistemáticamente emite, la labor de zapa que realiza el Consejo de la Judicatura Federal, de asediar, de perseguir, de chantajear, de castigar y someter mediante sádicos y deliberadamente calculados y planificados programas de torturas con el propósito de desquiciar la vida normal de sus víctimas, para dejarlos inválidos de por vida, e incluso causarles la muerte, a magistrados y jueces federales; ese es el sistema de represión que aquella institución consejeril, aplica al desdichado servidor público que tenga la desgracia de ponerse en el siniestro espectro de las sórdidas actividades que tiene encomendadas el Consejo de la Judicatura Federal, por cuenta de quienes actúa.

Las “Jornadas de Actualización en Jurisprudencia y Criterios emitidos por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia” que de tiempo en tiempo y de manera recurrente llevan a cabo en diversos lugares del país la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, no son más que unos muy perniciosos para México eventos de los que estilan realizar aquellas instituciones en todo el País. Se trata de onerosos y gravosos para México eventos en que se promueve el lucimiento de la Alta burocracia adscrita y adicta a la Presidencia de la Suprema Corte como puede advertirse de los comentaristas que suele anunciarse ¿Qué tienen que ver con la sagrada función jurisdiccional federal las señoras o señoritas cuya actividad profesional es la equidad de género (sic), por más sublimes que sean su labores de promover sus intereses particulares de género? ¿Qué tiene que ver en esos eventos el licenciado Luis María Aguilar Morales? que como Consejero de la Judicatura sólo fue un auxiliar administrativo del Poder Judicial, y nada más, de jueces y Magistrados Federales, a quienes constitucionalmente se encontraba sometido y por lo mismo les debió rendir cumplido respeto, y por ello nada pudo proponer para la labor jurisdiccional del Poder Judicial. Lo máximo que ha llegado a decir, genial, es que la institución de policía en la que fue Consejero es ejemplo máximo de “colaboración”(sic) entre poderes públicos; no expresa desde luego que más bien con el Consejo de la Judicatura Federal lo que ocurre es el establecimiento de un tipo de relaciones de sometimiento del Poder Judicial Federal al Poder Ejecutivo Federal. Es más, la intrusión de dicho auxiliar del Poder Judicial, Luis María Aguilar Morales en aquellos eventos fue un insulto y una falta de respeto a la sobriedad y austera labor jurisdiccional de jueces y magistrados federales. Aquél ventajoso Consejero desplegando su voraz impertinencia, se promovió para apoderarse y así lo logró de uno de los puestos de ministro de la Suprema Corte que quedó vacante, lo que muestra la índole abiertamente facciosa de las membresías del Consejo de la Judicatura, trampolín político para que sujetos descarriados escalen posiciones públicas eminentes a costa del trabajo, del sudor y del dolor de jueces y magistrados federales y de México, muestra elocuente de ello son los escandalosos casos de ¡casi la mitad (CINCO)!, del total de once, de los actuales Ministros de la Suprema Corte, que llegaron a los cargos indecorosamente mediante el trampolín o catapulta política del Consejo de la Judicatura, o bien, como una costumbre depravada y cobarde que ocurre en la Alta Burocracia Gobernante del País; se la pasan cambiando de un puesto a otro en la cúpula del Poder Judicial Federal, de Consejero de la Judicatura a Ministro de la Suprema Corte, o dentro de los otros altos niveles de esa insaciable burocracia, lo cual no es más que una burla para los jueces y magistrados federales, quienes soportan estoicamente dicho fatigoso lastre de corrupción, porque aquellos altos Órganos del Poder Judicial Federal sólo están para servir a los intereses de advenedizos faltos de carrera judicial y de profesionalismo, individuos que luego realizan su ruín labor en contra de México; todo lo cual permite advertir cómo los presidentes de la Suprema Corte solo son marionetas de los en auge corruptos políticos del Sistema, ejemplos, los de Mariano Azuela Güitrón, títere y lamebotas de Vicente Fox Quezada, y Guillermo Ortiz Mayagoitia, pelele de Mariano Azuela Güitrón, a quien sucedió en la Presidencia del Consejo y el caso del personaje que se menciona en seguida.

El mencionado funcionario Luis María Aguilar Morales con posterioridad a 1994 ocupó al mismo tiempo dos onerosos para el país cargos públicos, el de Oficial Mayor y el de Secretario General de la Presidencia de la Suprema Corte ¿No existen, no existieron incompatibilidades graves y manifiestas en el desempeño de los mismos por la misma persona a la vez? ¿Por qué se designó para ambas plazas al mismo sujeto? ¿Cuál fue la necesidad para ello? ¿El capricho, la arbitrariedad, el abuso del Poder? En los días en que el mismo sujeto Luis María Aguilar Morales realizaba las gestiones burocráticas para lograr ocupar la plaza vacante de ministro de la Suprema Corte en la edición on line de la Revista Proceso, si mal no recordamos, el investigador de ese órgano Jorge Carrasco Araizaga publicó los mediocres antecedentes burocráticos de aquel elemento y destacó su parentesco con el entonces secretario de gobernación, lo que indica cómo aprehendió la codiciada presa. Por ello urge que todos los cargos importantes del Poder Judicial Federal se profesionalicen para que la carrera judicial regular, junto con la irrestricta probidad, buena fama y el prestigio profesional sean los requisitos básicos para poder acceder a los cargos de ministros de la Suprema Corte. En todo caso se trata de someter a los ministros de la Corte a los cánones de la carrera judicial en aras del respeto al Estado de Derecho, para que a aquella institución no puedan acceder individuos ruines y despreciables, carentes de profesionalismo como viene ocurriendo desde que fue creada la actual Suprema Corte por el señor Ernesto Zedillo Ponce de León.

El intruso disertante de jurisprudencias mencionado Luis María Aguilar Morales fue uno de los lacayos colaboracionistas de quienes dieron el Golpe de Estado en diciembre de 1994 y enero de 1995 en contra del Poder Judicial y de México encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León que incrustó el Consejo de la Judicatura Federal en la Estructura del Poder Judicial Federal para someter, avasallar y torturar a los titulares de dicho Poder, para realizar una Justicia complaciente con los intereses de los capitalistas transnacionales y de sus socios en México a raíz de los leoninos y nocivos para México Tratados de “Libre” Comercio. Los jueces y magistrados federales y el pueblo de México ya no deben permitir estas graves anomalías.

La llamada jurisprudencia (supuestos criterios jurídicos sustentados en casos concretos) que emite la Suprema Corte de Justicia no es más que un control administrativo, policíaco y político de la labor jurisdiccional de los jueces y magistrados, que viola abiertamente los principios de autonomía, independencia, profesionalismo y creatividad de que están investidos constitucionalmente los jueces y magistrados por virtud de la índole especialmente delicada y grave de la carrera judicial y de la función jurisdiccional. La jurisprudencia mencionada sólo puede entenderse como un método irracional, dictatorial y antidemocrático que tiene por objeto manipular, desvirtuar y controlar indebidamente las facultades jurisdiccionales, por ello esas labores de control y sometimiento son inconstitucionales porque los ministros de la Suprema Corte no son legisladores y así ese avasallamiento resulta ingrato y negativo para un buen sistema de Justicia de cualquier país democrático. Esa función de emitir Jurisprudencias (y simples Tesis, que de hecho por corrupción resultan obligatorias porque los jueces y magistrados federales así acostumbran aplicarlas obligatoriamente, sin que para ello exista justificación alguna) obligatorias para todos los poderes judiciales del país y el Judicial Federal debe ser eliminada de raíz, pues viola principios democráticos, la independencia, el profesionalismo y la creatividad de la función judicial y a los jueces y magistrados los reduce al papel de autómatas inútiles. Todo esto muestra cómo la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura realizan de manera unitaria una devastadora labor de control y de sometimiento de corte absolutista y dictatorial en contra del Poder Judicial Federal y de los Poderes Judiciales de los Estados del País, y por ello no son más que un oprobioso Ministerio de Justicia propio de la Dictadura del General Porfirio Díaz al servicio de los ricos y políticos poderosos que se dedican a depredar a México.

Ni el Consejo de la Judicatura Federal ni la Suprema Corte rinden cuentas cabales acerca de sus gestión, de sus labores tanto administrativas como profesionales, ni de los cuantiosos recursos y presupuestos que manejan, dentro de los cuales se encuentran sus altísimos recursos de gastos, de miles y miles de millones de pesos; tampoco existen, y por lo mismo no están sometidos a un control riguroso de todas esas actividades de Estado, mediante metodologías y sistemas institucionales y profesionales de verificación, constatación y fincamiento de toda clase de responsabilidades en que pueden incurrir los responsables de aquellas instituciones.

Urge por ello se legisle: a) Para que se prohíba que los Consejeros de la Judicatura puedan ser nombrados Ministros de la Suprema Corte y Viceversa ya que las atribuciones y funciones de aquellas instituciones son incompatibles recíprocamente entre sí, se trata de cargos con funciones incompatibles; b) Para que en la designación de Ministros de la Corte no intervenga en ninguna forma el Poder Ejecutivo Federal, quien con el sistema actual se burla abiertamente de la independencia y del profesionalismo de la Carrera Judicial; c) Para que todos los Ministros de la Suprema Corte queden sometidos inexcusablemente, de manera escalonada a los requisitos de la Carrera Judicial Federal; d) Para que tanto el Consejo de la Judicatura Federal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante toda clase de verificaciones institucionales profesionales, técnicas y jurídicas, periciales rindan inmediatamente exactas cuentas de la gran cantidad de actividades administrativas, jurídicas y de Estado que realizan, así como de los cuantiosísimos recursos de toda índole y de dineros presupuestales que manejan y gestionan permanentemente, ante entidades e instituciones con el suficiente poder y atribuciones jurídicas, para que se puedan esclarecer toda clase de responsabilidades en que incurran quienes se han desviado del cometido jurídico correspondiente; se finquen así las responsabilidades penales respectivas, sin que para ello sea obstáculo el frívolo y ruín pretexto que aducen aquellas instituciones del Poder Judicial de que están exentas inverosímilmente de tales obligaciones por constituir un Poder frente a los otros dos Poderes constitucionales; tal modo de actuar no es más que una rutina estúpida. Se trata solamente de una postura absolutista y torpe, abusiva del poder público y totalmente antidemocrática. El principio de la División de Poderes ni cobija ni solapa ni constituye causa de exclusión de la comisión de hechos graves y sus responsabilidades consecuentes en perjuicio del mismo Estado, de la Sociedad y de la Nación. Basta de contemplaciones con los funcionarios públicos desleales a México.

El Senado como funciona, no es un cuerpo de representantes de los Estados, como reza la Constitución, porque siendo sus servicios por cuenta de aquel Poder se trata de un grupo de privilegiados, técnicamente incondicionales del Presidente y del Poder Ejecutivo Federales. Por ello ese cuerpo de personajes privilegiados que actúa en contra del sentido recto constitucional debe desaparecer y dar paso a un Congreso unicameral, de sólo REPRESENTANTES DEL PUEBLO, ELECTOS TODOS MEDIANTE EL VOTO POPULAR ABIERTO Y DIRECTO DE LOS CIUDADANOS, SIN QUE POR NINGÚN MOTIVO QUEPAN LAS FÓRMULAS CRIMINALES DE ELECCIÓN MEDIANTE LAS LLAMADAS LISTAS PLURINOMINALES, NI CUALQUIERA OTRA SIMILAR, POR CONSTITUIR ABIERTOS ATRACOS EN CONTRA DEL PUEBLO. Todos los votos deben ser verificables y constatables jurídicamente, mediante procedimientos claros y legales. Con esto, que quede claro que cada uno de los votos emitidos no es más que la documentación u objetivación del trascendental acto de votar. Se trata de erradicar la hipocresía del secretismo y del anonimato de los votos de los ciudadanos de los sistemas electorales actuales, que constituyen la coartada de que se valen los políticos que manejan ese sistema para alterar, adulterar, falsificar y traficar con los votos ciudadanos y la voluntad del pueblo.

La Cámara de Senadores, que como amanuense del Presidente de la República consagra a golpes de mazo las ultrajantes designaciones hechas a dedazo limpio de consejeros de la Judicatura y ministros de la Suprema Corte, de aquel Alto Funcionario; por ello aquella Cámara no es un cuerpo digno de políticos y representantes independiente; es una corporación de individuos al servicio y a sueldo del Poder Ejecutivo bajo el Presidente de México en turno. Nominalmente los Senadores de la República representan a los Estados del país, pero ese ministerio obviamente no lo pueden realizar precisamente porque están a sueldo del Presidente de México y por ello de la Federación. Lo correcto será que además de ser representantes nominales de los Estados, como lo señala la Constitución, para que realmente tengan el carácter de representantes de los Estados de la República, sus sueldos se los paguen dignamente, o sea, modestos, las respectivas Entidades Federativas, y nada más, pues de esa manera cumplirán su cometido de ser representantes republicanos, dignos y cabales de los Estados, y no fantoches del Presidente en turno, con lo cual sus actividades y funciones serán las de trabajar por cuenta de las Entidades Federativas, es decir, a cargo de los Tesoros de los propios Estados. Por ello la Cámara de Senadores no es más que un cuerpo de burócratas al servicio de alguien ajeno a los interese que representan, de donde carecen absolutamente de legitimidad política y Constitucional. Un cuerpo de Senadores de tal índole, no representa los intereses de las Entidades Federativas, ni de los habitantes de éstas, ni de la Nación Mexicana. De ahí deriva la carencia de idoneidad y de legitimidad de aquel cuerpo burocrático ahora al servicio del Rey, y por ello las consagraciones que realiza de los nombramientos de ministros de la Suprema Corte y de Consejeros de la Judicatura Federal son espurias, y carecen en absoluto de su razón de ser Republicana y Constitucional y se trocan en meras simulaciones de aquello que pretenden. Así que aquellas instituciones sólo son aberraciones de un absolutismo trasnochado que todavía padecemos, dicho todo esto, sin dejar de tener presente la grave falla que consiste en que hasta ahora la Cámara de Senadores ha venido funcionando sin contar con la lógica representación de los municipios de que se integra el país, omisión a la que tendrá que ponerse positivo remedio para que puedan ser electos dignos senadores específicamente con la dilecta representación de todos los municipios del país.

En esto estriba la razón del desorden, de las demasiadas injusticias, abusos de Poder y arbitrariedades, imperantes en el Poder Judicial Federal. Las funestas estructuras burocráticas que originan de forma sistemática estas graves anomalías deben de cambiar para hacerlas congruentes con la democracia del Liberalismo original y las contemporáneas categorías politicosociales que informa a nuestra Constitución en la materia que se analiza.

Ante tan calamitosa situación, los mexicanos tuvimos que pasarla con ese grave pesar la conmemoración de nuestros movimientos populares de Independencia de 1810, de Reforma de 1850-1870, y de la Revolución Mexicana de 1910 –1917, que encabezaron Don Miguel Hidalgo y Costilla, Don José María Morelos y Pavón, Don Vicente Guerrero, Don Benito Juárez, los Generales Mariano Escobedo, Francisco Villa y Emiliano Zapata y de más próceres; por ello tenemos que acelerar el paso para seguir avanzando por el desarrollo democrático, social y popular, y por ello en acatamiento al principio clásico de la Separación y División de los Poderes Públicos se hace necesario que la Suprema Corte de Justicia deje ya de funcionar bajo los lineamientos con que desde hace muchos años lo viene haciendo por estar tramposamente constituida y diseñada para impartir una Justicia especial para los ricos y poderosos, facciosa y controlada por las cúpulas del Poder Político de México, que ciertamente sólo ha beneficiado selectivamente a los grupo políticos, económicos y financieros poderosos en demérito de las grandes mayorías de los mexicanos, y así corresponde, por estar convertida en un monstruo infernal que nos tiraniza a todos los mexicanos, eliminar a la Suprema Corte, para que sus funciones y atribuciones las asuma mediante una división racional de competencias, acorde con los principios del Federalismo y del constitucionalismo democrático y social, el sistema ya establecido de Juzgado de Distrito, de Tribunales Unitarios de Circuito y de Tribunales Colegiados de Circuito. No se pueden celebrar dignamente los acontecimientos históricos mencionados mientras siga operando en México ese terrible, aparatoso, sádico y costosísimo para México, lastre del Estado mexicano, que constituyen la actual Suprema Corte de Justicia con su espuria ramificación en que consiste el Consejo de la Judicatura Federal. México requiere un aparato de Justicia que no sangre los presupuestos del Pueblo, y sirva de un pésimo ejemplo a los demás pueblos del mundo; requiere de una Justicia democrática y verdaderamente justa y no sectaria, facciosa y sediciosa. El actual sistema de Juzgados y Tribunales de Circuito del País debe ser inmediata y óptimamente aprovechado. En las condiciones actuales está listo y preparado para hacer frente exitosamente a la carga de trabajo que la Suprema Corte nunca ha sido capaz ni será jamás capaz de despachar pertinente y eficazmente en beneficio del Pueblo de México. En el actual estado de cosas la costosísima y desprestigiada Suprema Corte de Justicia constituye un injustificable lastre para México lo mismo que dicho Consejo. Con los cambios aquí propuestos la Justicia Mexicana mejorará ciento por ciento en calidad porque se democratizará y dejará de ser un lujo odioso de los privilegiados.

Se considera pertinente realizar un plan y programas de acción y lucha denunciando la corrupción e ineficacia, arbitrariedades y abusos de poder con que funcionan y se manejan institucionalmente la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y todo el Poder Judicial Federal, enderezando esa lucha hacia el objetivo de que todo el Poder Judicial Federal que efectivamente ha venido realizando las labores jurisdiccionales como lo son los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuitos funcionen y trabajen en beneficio de las clases populares y humildes que conforman las grandes masas mayoritarias de la población de nuestro País, para eliminar de raíz a la llamada Suprema Corte de Justicia y al Consejo de la Judicatura Federal de la estructura del Poder Judicial en los términos propuestos, así como realizar las demás adaptaciones en el aparato del Estado, que en este documento se proponen y seguir avanzando a través de un lucha tenaz eficaz y popular, con el concurso de todos los sectores sociales, políticos, culturales y abogados de México para hacer realidad la propuesta y las garantías básicas de las Constituciones de 1857 y 1917, del acceso real a la Justicia de todos los pueblos y sectores de los mexicanos y de la nación mexicana.

Se requiere urgentemente hacer cambios constitucionales y legislativos de contenido realmente democrático, económico y social, con el objeto de que las garantías individuales, grupales y sociales que se encuentran plasmadas en toda la Constitución, y no solo en sus primeros veintinueve artículos, se puedan hacer efectivas mediante las instancias legales y demás que correspondan, para que se pueda tener un acceso auténtico a un servicio de justicia conforme a los lineamientos del presente documento.

Realizar movilizaciones y acciones para la supresión y demolición absoluta de la corrupta, innecesaria y onerosísima y caduca, destructiva de la nacionalidad y generadora de sistemas delincuenciales en contra de todos los mexicanos, institución llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así mismo proponemos la supresión y demolición del Consejo de la Judicatura actual por estar diseñado para los mismos fines, motivos y razones que la actual Suprema Corte. Consideramos necesario, pues, realizar los propuestos cambios estructurales, constitucionales y legislativos, eficaces y necesarios de las instituciones mencionadas, que actualmente funcionan de manera totalmente antidemocrática, facciosa, sediciosa y contraria a los intereses del Pueblo de México. Son demasiados los daños que desde 1995 han causado a México los actuales Ministros de la Suprema Corte y Consejo aludido; por ello y mientras se logre la supresión de aquellas instituciones, deben retirarse de los cargos que indecorosa e inmerecidamente ocupan para dar paso a jueces y magistrados legítimos y honestos, capaces y electos democráticamente por los sectores y personas representativos y legítimos de nuestra Nación. Tales jueces y magistrados deben ser electos de entre los titulares de los actuales Juzgados, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal. Para ello, el actual estatuto de la Suprema Corte debe ser cambiado para que la función jurisdiccional que viene realizando sea democrática, imparcial, profesional e independiente, mediante los cambios funcionales y estructurales acabados de citar. Se trata de que el Poder Judicial Federal sea congruente con la misión jurídica y constitucional que tiene asignada, para que deje de ser una rémora del Poder Ejecutivo, un simple apéndice político a la manera del Ministerio de Justicia al estilo de la Dictadura de Porfirio Díaz. Se democratizará y mejorará así ciento por ciento la calidad de la Justicia Federal en México. Los Consejeros de la Judicatura y Ministros de la Suprema Corte constituyen una onerosa, insultante, innecesaria, inútil y pesada carga para el sano desarrollo cultural, político, económico y democrático de México.

Tepic, Nayarit, a 16 y 17 de julio de 2011.

Ponentes

C. Giap Salvador Díaz

Licenciado en Derecho

Francisco Salvador Pérez.