Magistrados del Tribunal Electoral reciben bonos de medio
millón
8. julio, 2012 Autor: Nancy Flores /// Destacadas, Portada, Semana 158
Tres días antes de las elecciones federales, los siete
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. El titular del órgano
judicial, Alejandro Luna Ramos, asegura que éste lo reciben cada año y que,
además de ser legal, no tiene nada que ver con el periodo electoral. Los
beneficios económicos para quienes en breve validarán las elecciones
presidenciales no acaban ahí: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales,
cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de
productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gastó más de 80
millones de pesos en el Programa Específico del Proceso Electoral Federal
José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa,
Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar,
Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López obtuvieron un bono de 488
mil 799 pesos, cada uno. El dinero ingresó a las cuentas bancarias de los siete
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
el pasado 28 de junio, apenas tres días antes de que se celebraran las
elecciones presidenciales.
Fuentes allegadas a
la institución aseguran que se trata del bono de riesgo; y que, en la semana
del 18 al 24 de junio, los magistrados habrían votado en su sesión ordinaria
para autoasignarse dicha prestación.
Creado por el
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el contexto de la “guerra” contra el
narcotráfico, el bono de riesgo es independiente del sueldo y las prestaciones
que reciben de por sí los funcionarios. Su objetivo es “bonificar
económicamente” la inminente inseguridad que enfrentan algunos servidores
públicos por sus labores.
Sin embargo, el TEPJF
no combate al crimen organizado. Su mandato constitucional es “actuar como la
máxima autoridad en materia de justicia electoral, que garantiza los principios
de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales”.
La justificación que
esgrime el Poder Judicial para el “pago por riesgo” es que éste se otorga “dada
la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen
encomendadas”.
Cuestionado acerca
del casi medio millón de pesos que recibieron tres días antes del proceso
electoral, el magistrado presidente señala que “éste es un bono que se nos da
cada año, normalmente, no [es] porque haya elecciones ni nada. Está en la ley y
todo está en [la sección de] transparencia. Lo puede ver usted en el internet”.
Aunque Luna Ramos
asegura que la información es pública, el portal del Tribunal Electoral no
incluye el acta de la sesión en la cual los magistrados votaron para asignarse
el bono. Tampoco hay referencia alguna en los boletines de prensa que emite la
institución.
Lo que sí incluye es
el “Presupuesto analítico de plazas del Poder Judicial de la federación”, en el
cual consta que los magistrados reciben un pago por riesgo de 481 mil 799
pesos.
La elección
presidencial
Cuatro días después
de recibir el bono de riesgo, el 2 de julio, Alejandro Luna Ramos advirtió que
“nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”. Con esta
declaración, el presidente del TEPJF se adelantaba a la impugnación que
finalmente hizo el candidato de las “izquierdas”, Andrés Manuel López Obrador,
respecto de la elección presidencial. También, fijaba su posición respecto del
conflicto postelectoral.
En una entrevista
concedida al programa “Justicia electoral a la semana”, y cuando aún no
concluía el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto
Federal Electoral, Luna Ramos dijo que “el Tribunal no puede cambiar la
decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”.
Además del bono por
riesgo, los magistrados ordenaron blindar sus instalaciones, en particular
aquella en donde ellos sesionan: la Sala Superior, ubicada en la avenida
Carlota Armero número 5000, colonia Culhuacán CTM, delegación Coyoacán.
El argumento para tal
decisión fue la violencia que asola al país: con esta medida, queda garantizada
la seguridad personal de los siete servidores públicos. Protección
Institucional fue el área que se encargó de contratar los servicios del
blindaje, con un costo por alrededor de 300 mil pesos. A este monto se le sumaron
otros 38 mil pesos para “acorazar” la
puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas y hasta bombazos,
informa la columna Oficio de Papel.
Previo a las
elecciones, los magistrados también se autorizaron camionetas blindadas marca
Gran Cherokee, con un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a pesar
de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que paga el erario
del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento.
El derroche
Anualmente, los
magistrados del Tribunal Electoral cobran 3 millones 753 mil 761 pesos, cada
uno. Y es que los encargados de avalar la legalidad de las elecciones y
“cuidar” la voluntad ciudadana cuentan con un ingreso mensual neto de 240 mil
361 pesos: 175 mil 858 por el sueldo base y la compensación garantizada, más 64
mil 503 pesos por prestaciones nominales. Aunado a éste, cada año reciben 57
mil 732 pesos por prima vacacional; 329 mil 898 pesos por aguinaldo, y el casi
medio millón del bono de riesgo.
La hacienda pública
también paga a Luna Ramos, Alanís Figueroa, González Oropeza, Carrasco Daza,
Nava Gomar, Galván Rivera y Penagos López un seguro de separación
individualizado, uno de gastos médicos mayores y uno más de vida.
De acuerdo con el
acta de la novena sesión ordinaria de la Comisión de Administración del TEPJF,
el 27 de noviembre de 2011 se autorizó la contratación de las pólizas de
seguros –con una vigencia de las 12 horas del 31 de diciembre de 2011 a las 12
horas del 31 de diciembre de 2014– por un monto de hasta 58 millones 301 mil
172 pesos.
El presupuesto 2012
de la Sala Superior del Tribunal Electoral asciende a 1 mil 610 millones 16 mil
pesos, desglosados de la siguiente manera: capítulo 1000 “Servicios
personales”, 1 mil 236 millones 251 mil 499 pesos, que equivalen al 76.7 por
ciento; capítulo 2000 “Materiales y suministros”, 39 millones 697 mil 204, 2.4
por ciento; capítulo 3000 “Servicios generales”, 257 millones 875 mil 951
pesos, 16 por ciento; capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas”, 28 millones 247 mil 240, 1.7 por ciento; capítulo 5000 “Bienes
muebles, inmuebles e intangibles”, 38 millones 230 mil 268 pesos, 2.3 por
ciento; y capítulo 6000 “Inversión pública”, 9 millones 714 mil, .6 por ciento.
En el periodo de
enero a mayo, la Sala Superior ejerció el 49.3 por ciento del total, 795
millones 141 mil 22 pesos.
Dispendio por
elecciones
A pesar de sus altos
sueldos, los siete magistrados no gastan en el consumo de alimentos: el erario
les otorga 15 mil pesos mensuales para cubrir este fin, ocho veces el salario
mínimo mensual. Cuando los funcionarios se exceden de este monto, tienen derecho
a presentar facturas que el Tribunal les retribuye como “atención a
magistrados”.
De acuerdo con la
columna Oficio de Papel , existe además un presupuesto superior a los 100 mil
pesos, del cual se pagan aparatos electrónicos, como iPod; electrodomésticos,
como una cafetera de 20 mil pesos. El erario también paga la camioneta del
presidente Luna Ramos: una Toyota Sequoia, que tiene un precio de alrededor de
800 mil pesos.
En el contexto de las
elecciones federales, los funcionarios tienen más prerrogativas. A mediados de
junio y los primeros días de julio, los trabajadores del órgano judicial
electoral recibieron dos bonos “de apoyo al proceso electoral”. Estos gastos se
cubren con el presupuesto del Programa Específico del Proceso Electoral
Federal.
Tan sólo de enero a
mayo, dicho Programa reportaba 81 millones 892 mil 395 pesos ejercidos; de este
total, 56 millones 486 mil 818 pesos correspondieron al gasto del capítulo 1000
“Servicios personales”.
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