Jueces y magistrados federales perseguidos con saña por la influencia de intereses corruptos.
Francisco Salvador Pérez
Giap Salvador Díaz
Desde Oaxaca, México, 18 septiembre de 2012 // De esta
nota de La Jornada
de la ciudad de
México, de la fecha ya mencionada se desprende cuán ardua
es la labor de los
jueces que conocen
de las materias penales
en que la libertad, el
patrimonio y las
familias principalmente de los
encausados judicialmente, los más
altos valores de la persona
y de la Sociedad, son perseguidos vilmente bajo diversos
pretextos que siempre aducen los
sujetos enajenados por el ejercicio del poder como
Felipe Calderón Hinojosa, como los integrantes del Consejo de
la Judicatura del Poder
Judicial Federal, que se dedica a perseguir a los jueces y magistrados
por parte del Poder Ejecutivo, como lo
ministros de la Suprema Corte,
ejemplos actuales de éstos,
los señores Luis María Aguilar
Morales, Sergio Valls
Hernández, Guillermo Ortiz Mayagoitia, etc., éstos
exconsejeros también del
CJF, como los políticos
que controlan el llamado
Senado de la República del tipo de
Manlio F. Beltrones, Jesús
Murillo Karam, Emilio Gamboa Patrón, etc.,
y entonces lo que se advierte
es cómo la labor de los jueces
y magistrados se ve
sometida al ambiente
de paranoia y hasta de
histeria originado por los intereses creados de los encumbrados políticos del sistema; de
la nota
periodística mencionada se
advierte que actualmente
varios jueces federales son perseguidos con saña por
la influencia directa o indirecta de todos
aquellos factores de
corrupción mencionados y así su
actuación tiene que librar
las peripecias resultantes de la labor de las autoridades policíacas,
incluída la Suprema Corte, que con la
labor policíaca consistente en
la jurisprudencia que emite,
condiciona y crea
de manera absolutamente negativa
el ambiente putrefacto en que se
realizan las labores judiciales,
las cuales así
resultan condicionadas y
coaccionadas de antemano; pero los
señores jueces y magistrados
realizan su difícil labor
sin chistar bajo la
premisa de que para eso se les
paga, para servir a los
intereses creados de los TODOPODEROSOS. Felicitamos a los
señores jueces y magistrados federales
que con motivo de la repugnante
situación creada por el antigobierno de
Felipe calderón Hinojosa y a pesar de
las condiciones difíciles
en que por ello realizan sus
labores, lo hagan y lo sigan
haciendo con espíritu de servir a
México leal y patrióticamente, como se
comprometieron en la protesta. Condenamos
la
labor de los políticos y de
los factores políticos
que hemos mencionado que
obstruyen y obstaculizan la labor
jurisdiccional.
Anterior texto es un comentario a nota de LaJornada que enseguida se transcribe:
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/18/politica/007n1pol
Anterior texto es un comentario a nota de LaJornada que enseguida se transcribe:
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/18/politica/007n1pol
Efraín Cázares fue suspendido desde el primero de junio por
el Consejo de la Judicatura
Juzgado mexiquense negó a la PGR la aprehensión del juez del
michoacanazo
También está acusado de fallar en forma ilegal la libertad
de Julio César Godoy Toscano
Solicitudes de cateos domiciliarios formuladas por la Siedo
han sido rechazadas varias veces
Alfredo Méndez // Periódico
La Jornada // Martes 18 de septiembre de 2012, p. 7
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó
aprehender al juez federal Efraín Cázarez López, quien liberó a los implicados
en el llamado michoacanazo, pero el juzgado tercero de distrito de procesos
penales federales en el estado de México negó la órden de captura, revelaron
fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).
Cázarez López fue suspendido el pasado primero de junio por
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), luego de que la PGR lo acusó de
fallar en forma ilegal la libertad de involucrados en el michoacanazo y de
conceder una suspensión en vía de amparo a Julio César Godoy Toscano, lo que
permitió al hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, ser
diputado federal por unos días, hasta que fue desaforado por la Cámara de Diputados.
El caso del juez Cázares López no ha sido perdido en
definitiva, pues la PGR está en posibilidades de volver a consignar el
expediente, una vez que realice algunas adecuaciones en el pliego de
consignación, añadieron las fuentes consultadas.
Sin embargo, ese no ha sido el único fracaso que la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(Siedo) ha tenido en fecha reciente. En otra petición que hizo el Ministerio
Público Federal, el juzgado segundo especializado en cateos, arraigos e
intervención de comunicaciones –a cargo del juez Adolfo Santos– negó por
segunda ocasión en menos de un mes conceder una solicitud de la PGR para catear
un juzgado federal en Veracruz.
Los fiscales anticrimen pretendían catear las instalaciones
del órgano jurisdiccional como parte de una investigación contra un juez y seis
funcionarios, a quienes acusó de pretender firmar una orden de aprehensión con
una fecha falsa.
El juez Santos es uno de los impartidores de justicia contra
los que la PGR también pidió aprehensión el mes pasado, al acusarlo de obstruir
una investigación porque negó un cateo contra la casa del también juzgador
Efraín Cázarez López.
Hasta el momento, la Siedo mantiene abierta una indagatoria
contra cinco de los siete jueces de procesos penales federales que revisan y
resuelven solicitudes de medidas cautelares hechas por la PGR. A los cinco
juzgadores se les investiga por supuesta obstrucción de la justicia, ya que han
negado varias órdenes de intervención de comunicaciones telefónicas solicitadas
por la PGR entre julio y agosto pasados para escuchar telefonemas de políticos,
periodistas y militares a los que se indaga por supuestos vínculos con la
delincuencia organizada, indicaron las fuentes.
Fallida operación en Veracruz
En el caso del fallido cateo a un juzgado en Veracruz, la
PGR solicitó la medida cautelar contra el juzgado segundo de distrito en
procesos penales federales del penal federal de Villa Aldama, al que se
investiga como parte de una solicitud de orden de aprehensión contra un
presunto traficante de indocumentados, la cual fue requerida el mes pasado a
Raúl Angulo Garfias, titular de ese juzgado.
Por tratarse de un expediente por delito grave, Angulo
estaba obligado a resolver la petición de la PGR en 24 horas; sin embargo, lo
hizo tres días después y pretendió notificarla con fecha del día siguiente de
recibida la consignación, según acusó la procuraduría al momento de solicitar
el cateo.
Desde hace dos meses la PGR acumula una cadena de reveses
judiciales contra diversos juzgadores del Poder Judicial Federal, a los que ha
buscado fincar responsabilidad penal por presuntos actos de corrupción.
En un principio intentó catear los domicilios del ex juez
Efraín Cázares López, pero los juzgadores en materia de medidas cautelares
Martín Santos Pérez y Osvaldo López García rechazaron las peticiones.
En respuesta, los fiscales acusaron de obstrucción de la
justicia a los jueces Santos y López. Sin embargo, la Procuraduría General de
la República también falló en este intento, pues Ricardo Delgado Quiroz, juez
tercero de distrito de procesos penales federales, negó las órdenes de
aprehensión contra sus compañeros del PJF.
A decir de las fuentes consultadas, la PGR mantiene abiertas
al menos cinco averiguaciones previas contra jueces federales por diversos
delitos ligados a supuestos casos de corrupción.
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