Para congraciarse con Enrique Peña Nieto, el Consejo de la Judicatura Federal decreta limitar la labor de los periodistas y cerrarle la boca a los trabajadores de todo el Poder Judicial Federal
Francisco Salvador Pérez
Giap Salvador Díaz
11 de septiembre de
2012 // Desde Oaxaca, México. Esta orden
arbitraria dada por el
Consejo de la Judicatura (CJF) del Poder
Judicial Federal (PJF) está a
tono con las sucias
actividades a las que se dedica aquella institución, para lo cual fue creada por Ernesto Zedillo P. de L., a quien el gobierno de Estados Unidos para humillación de los mexicanos, acaba de
conceder impunidad para que
de alguna manera
responda por la gran cantidad
de delitos y asesinatos que cometió
cuando fue Presidente de México. El CJF
no es ninguna autoridad judicial, sino un órgano policíaco dependiente sumisamente
del Poder Ejecutivo y ahora
ya está
dictando sórdidas disposiciones
para congraciarse con el que se va y con el que llega, Enrique Peña
Nieto. Desde luego
condicionar que los informadores
públicos previamente avisen
al CJF de su la
labor profesional ante
jueces y magistrados, es humillar tanto a éstos como a
los periodistas. El CJF
carece de calidad profesional
y de atribuciones para
juzgar la labor
profesional de los medios
informativos y de la labor jurisdiccional; son los
jueces y magistrados, Poder Judicial Constitucional, quienes
deben informar directamente a los
medios informativos sin la
intervención de policías y
órganos administrativos, por
más que éstos
se sientan con
ínfulas por su dependencia política
del Ejecutivo Federal y de sus inconfesables intereses
particulares. Hay que
decir que las consignas
para esa clase
de medidas arbitrarias políticamente
provienen de quien encabeza al
CJF, que es el Presidente
de la Suprema Corte, quien a su
vez se somete
dócilmente a las directrices
del poder Ejecutivo Federal. La
medida que se
analiza evidentemente coarta y
suprime en la cuestión de que se
trata la profesión de los
periodistas , la dignidad profesional
de jueces y magistrados, y el
derecho del pueblo y la Nación mexicanos a estar debidamente informados
de lo que hacen los órganos del
Estado. Asimismo lesiona la necesaria
confidencialidad que debe mediar
en la labor periodística. Por el
condenable control
que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Poder
Judicial el pueblo de
México acaba de sufrir
el golpe que le propino el
Tribunal Federal Electoral del PJF,
consistente en una
resolución aberrante y estúpida
que nos avergüenza y agravia a todos
los mexicanos como
nación, y la torpe
medida coercitiva del la
información que ahora decreta
el CJF no es más que
una secuela del autoritarismo atroz de la policía política llamada
CJF, órgano que a la vez
mucho tuvo que ver en la abominable aludida resolución de la
Sala Superior del TRIFE sobre la culminación formal
del proceso electoral federal de 2012 .
Comentario a la nota de La Jornada con el siguiente link
Nuevas disposiciones estorban el trabajo de comunicadores
La Judicatura sacrifica transparencia por seguridad
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Martes 11 de septiembre de 2012, p. 18
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sacrificó la
transparencia que debe caracterizar a un sistema de justicia penal adversarial
y de juicios orales a cambio de estrictas medidas de seguridad en sus edificios
de juzgados y tribunales, las cuales prácticamente impiden hacer su trabajo a
los reporteros que cubren las actividades de los juzgadores.
Mediante el acuerdo del pleno de la Judicatura 23/2012,
publicado por el órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial
Federal (PJF), el último día de agosto pasado el CJF determinó implantar
disposiciones encaminadas a garantizar la seguridad de jueces y magistrados,
entre ellas las que estipula el artículo 18 de dicho acuerdo, el cual impide el
libre acceso y estancia de periodistas y representantes de los medios de
comunicación en las instalaciones de los juzgados de distrito y tribunales de
circuito.
El ingreso y estancia de los medios de comunicación en las
instalaciones requerirá la autorización previa de la Dirección General de
Comunicación Social, la cual, en todo caso, deberá dar aviso a la Coordinación
de Seguridad, a efecto de que se apliquen los protocolos o manuales
correspondientes, señala el acuerdo, del que La Jornada tiene copia.
La medida sólo se aplica a juzgados de distrito y tribunales
de circuito, mas no a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).
Aviso a Comunicación Social
A partir de esa medida, adoptada por unanimidad, cada vez
que un comunicador quiera buscar una entrevista oficial o acercarse a una
plática informal con algún juzgador federal deberá dar aviso forzosamente al
director general de Comunicación Social, Carlos Avilés Allende, quien hasta
hace dos años era un experimentado reportero asignado a cubrir las actividades
de la SCJN, para poder realizar su labor.
Antes de ese acuerdo los comunicadores eran recibidos por
los titulares de los órganos jurisdiccionales, sin necesidad de que los
funcionarios de Comunicación Social del CJF tuvieran que enterarse de los
encuentros.
Es una manera legal de mantenernos controlados (a los
jueces) y evitar que podamos relacionarnos libremente con algún medio de
comunicación; también es una manera de limitarles (a los comunicadores) su
derecho constitucional a la información, dijo ayer a La Jornada el magistrado
de un tribunal colegiado de circuito que pidió no mencionar su nombre por temor
a represalias del CJF.
En el mismo sentido, un juez de procesos penales federales,
quien también solicitó el anonimato, comentó que funcionarios de Comunicación
Social de la Judicatura han recomendado a los juzgadores que no reciban en sus
oficinas a reporteros si no hay autorización previa de esa instancia del CJF.
Este diario buscó a Carlos Avilés para que comentara su
punto de vista sobre el acuerdo de la Judicatura, pero hasta el cierre de esta
edición no hubo respuesta.
Según consta en el acuerdo del CJF, el considerando quinto
refiere que “el clima de violencia e inseguridad que se vive en nuestro país
genera la necesidad de cambiar sustancialmente la forma de ‘estar’, ‘transitar’
y ‘convivir’ en la sociedad, y de fortalecer las medidas de seguridad en los
inmuebles públicos.
Ante esas circunstancias los inmuebles que ocupan los
titulares de los órganos jurisdiccionales y el CJF, en su calidad de
instalaciones estratégicas dada la función de integridad, estabilidad y permanencia
del Estado mexicano en los que se asienta uno de los poderes de la Federación,
requiere un nuevo diseño y fortalecer el plan estratégico de seguridad
institucional, acorde con las condiciones actuales del incremento de la
criminalidad y la transformación creciente de los órganos jurisdiccionales y
del CJF, por lo que es necesario fijar un nuevo marco normativo que responda a
esos cambios sociales, puntualiza el considerando.
El 27 de septiembre de 2010, durante una conferencia de
prensa efectuada en México, dos jueces federales de Estados Unidos, quienes se
reunieron en México con integrantes del CJF, aseguraron que los llamados jueces
sin rostro, que han utilizado países con problemas graves de crimen organizado,
no son compatibles con la transparencia que debe caracterizar a un sistema
penal de juicios orales, como el que adoptó México desde junio de 2008, tras
una importante reforma constitucional.
Charles R. Simpson, juez de la corte de distrito en el oeste
de Kentucky, sostuvo ese día que la seguridad de los jueces es importante, pero
la transparencia también.
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