La vileza del dedazo de Felipe Calderón en la designación de ministros de la
Suprema Corte
FranciscoSalvador
Pérez
Giap Salvador
Díaz
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11 de Octubre de
2012 desde Oaxaca , México /// Este anacrónico,
torpe, anticuado, anticonstitucional y anti-pueblo de México, además
de cínico método de
selección mediante el dedazo del
Presidente de la República
de los ministros de la
Suprema Corte con la pantalla
sancionadora y colaboracionista
en un trabajo sucio del llamado Senado de la República es una
práctica absolutamente nociva que va en contra de la
buena calidad de la Justicia en México, nuevamente se pone en práctica con la
consigna presidencial de
imponer como nuevos ministros de la Suprema Corte a dos
de los seis candidatos que propone
el mencionado alto funcionario. Que la Constitución y la Ley
Orgánica del Poder Judicial Federal establezcan tal procedimiento no significa
que esté bien, ni
remotamente, porque conforme
a los principios de la democracia
y de la
División de los Poderes
Públicos, nunca, jamás, se consultó
legalmente al pueblo de México para que aprobara al menos
por una mayoría de dos tercios
o tres cuartos de los ciudadanos
para que delegaran poder al presidente
para hacer la designación de los
ministros mediante el trámite que establece la Constitución. Sabido es que en el antidemocrático llamado
eufemísticamente régimen presidencial, el titular del mismo,
prácticamente gobierna para su conveniencia personal y se despacha
con cuchara grande. Por eso
es que
los senadores y
diputados bajo el pretexto de los
partido políticos sirven
como dóciles instrumentos del Presidente y pantalla
de la ignominia. Conforme a la filosofía original de la
Constitución mexicana no todo lo que ponen como
Constitución los legisladores
instrumentos del Presidente,
es Constitución, en el sentido primigenio del término; a ello se
debe que el degradante método
de designar a los ministros es ilegítimo y
obsoleto; nada tienen
que ver las funciones del
Ejecutivo con las
funciones de decir la
Justicia ; y si el Ejecutivo
viola estas normas es claro que
por ello es condenable esa intromisión ; de ello deriva la consabida pésima administración de Justicia
que acostumbra administrar
la Suprema Corte. Se aúnan a
ello los exagerados y patológicos en el sentido ético, exorbitantes sueldos
y prestaciones con que el
Ejecutivo soborna a los ministros de la Suprema Corte, obviamente con la
finalidad de torcer la
buena calidad y sentido recto de la Justicia; a esa perversa intromisión se
debe a que el Poder Judicial, Sala Superior del
Tribunal Electoral con los
pseudos magistrados o falsos jueces que la
integran se dediquen a ensuciar la dignidad de
México y de los mexicanos con los
bodriosresoluciones que se dedica
a dictar, este señor Alejandro
Luna Ramos y socios como a
todo mudo consta, prosternaron y agacharon al Poder
Judicial y a la Justicia y se arrastraron
ante la soberbia del poder
Ejecutivo y las fuerzas de
facto con lo que el gran empresariado se destacó
desgañitándose: “el Poder
Judicial, las sagradas
instituciones, el Estado
de Derecho, señores,
son intocables”. Claro, son intocables
para ellos sus sucios y mezquinos intereses corporativos.
Saltan a la vista las pontificales payasadas
de Felipe Calderón al salir con bombo y platillo a exhibir su repugnante aspecto ante los
medios de difusión para perorar la indecente propuesta para ministros que hace, lo que nunca ningún presidente había hecho antes, por lo que sus payasadas
exhibicionistas sólo se explican
por su afán de engañar al pueblo y
hacerse de supuestos méritos que el
pueblo ya tienen bien calificados y que
rayan en la demencia. Ya se sabrá del batidillo que harán
los ministros de la Suprema Corte
con los nuevos cambios
promovidos Felipe Calderón
en perjuicio de los trabajadores, en que
a dichos funcionarios toca ejecutar
la danza macabra del genocidio cometido por los grupos enquistados en el
poder público; tal es el rol que a dichos
ministros del mal corresponde desempeñar por designios de la plutocracia rampante. Por estas
razones éticas y jurídicas
el dedazo del Presidente de la
República en la administración de Justicia
es condenable, es vituperable, es
una falta de respeto a México.
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