La mansedumdre del Poder Judicial Federal

Al  magnífico  texto  de  Hermann Bellinghausen , con todo  respeto, le faltó mencionar a otros  prominentes policías  del Régimen  que usurpan la toga y el birrete, y que obviamente pertenecen a la oprobiosa  familia judicial  que tienen de rehén  a esa obsoleta institución simbiótica  llamada   Poder Judicial Federal-Suprema  Corte de Justicia y con ello  a la Justicia de México. Estos  tenebrosos personajes por todo mundo conocidos no son  más que Alejandro Luna Ramos, Hermano de la Ministra Policía que menciona  Hermann Bellinghausen y Sergio Valls Hernández, éste que  con cero carrera en el ramo de la  justicia, siendo destacado policía del Régimen en el  Consejo de la  Judicatura Federal, a pesar de estar impedido  constitucional y legalmente, la mano Presidencial  lo puso en el cargo de ministro-policía dentro de la Suprema  Corte, cargo que desde luego usurpa de manera abierta y cínica. Se pueden mencionar  como chiapanecos a todos los demás  jueces y magistrados y altos burócratas incrustados  en el llamado  Poder Judicial Federal  bajo las   consignas  que permite el Sistema  provenientes de los sujetos  que se nombran por Hermann Bellinghausen y  en este breve comentario. Escarbando  bajo el amparo de la Ley de  Transparencia  se puede saber  la trayectoria e índole de  todas esas  personas.  Todos  esos  sujetos  son brillantes ejecutores  y esbirros  del  Régimen. Son los que entregaron el Poder de manera vil a Enrique  Peña Nieto en la abyecta, como lo dijo de manera privada un también magistrado del mismo Poder Judicial,   resolución, no se tienen memoria de tanta mansedumbre del supuesto  Poder Judicial,  pronunciada  por  el Tribunal Federal Electoral,   entonces  bajo la presidencia del mencionado Luna Ramos, todavía flamante integrante de la misma institución, quien se da el lujo de perorar acerca de arte en el Canal de TV que regentean la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal  y el mencionado TRIFE bajo la influencia nefasta y obviamente vendepatrias de Televisa,  canal judicial  dedicado a repetir  en forma de noticias las  atrocidades  del  gobierno de los Estados Unidos.  Vaya tutelaje inicuo ¡Caray!  Nuestra  admiración  para  el insigne maestro chiapaneco Alberto Patishtán, preso político del  Chacal de San Salvador Atenco y chacal tan dócil al imperialismo angloeurogringo, represor  del  heróico pueblo y Nación de México, encarnados  en los aguerridos  maestros  de  Oaxaca, Guerrero y Michoacán. @BenitoJuarezG
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Anterior texto es comentario a texto de LaJornada con el siguiente dirección:
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Alberto Patishtán y la justicia basura / Hermann Bellinghausen

Hermann Bellinghausen

Publicado: 16/09/2013 00:13

En cierto modo son irrelevantes, sólo un escalón inferior en la cadena alimentaria en que se ha convertido nuestro oprobioso y oneroso sistema de justicia, pero no está de más insistir en nombrarlos. Freddy Gabriel Celis Fuentes, Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Centeno Garduño, como magistrados federales ubicados en Tuxtla Gutiérrez, desecharon en ultimísima instancia el reconocimiento de inocencia para el profesor Alberto Patishtán. Gracias a ellos la pesadilla continúa. En medio del reformismo radical y regresivo que desmantela los contenidos sociales y la defensa de la Nación en el cuerpo de las leyes, y cuando se escatiman las garantías de justicia y libertades, el dictamen contra Patishtán constituye todo un mensaje del Estado (como señalara aquí Luis Navarro Hernández) que alcanza a los maestros, los pueblos indígenas y cualquier mexicano que diga no.

¿Separación de poderes, independencia? Ya no hay quien se las crea. Por razones de Estado, o compromisos previamente adquiridos, este mismo sistema de tribunales ha liberado, bajo peregrinos sofismas legistas y mediáticos, a narcotraficantes y secuestradores internacionales, políticos y sus parientes embarrados hasta el cuello, paramilitares convictos y confesos de genocidio, y gente así. Aunque el Consejo de la Judicatura Federal, curándose en salud, informó que el fallo “deja sentado que lo resuelto en este incidente de reconocimiento de inocencia no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado”.

La división de poderes se reduce a una red de complicidades y reparto de prebendas entre grupos amafiados en torno al presupuesto. Todos estos ministros de la Corte conforman un trabuco exorbitantemente bien pagado, “para que no se corrompan” y en función de su “alta investidura”. A su vez vinculados con otros grupos de poder en televisoras, universidades, clases políticas regionales, no es dato menor que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exista, ya con cierta tradición, un peso de ministros chiapanecos. Armando Valls y Margarita Luna Ramos, actuales miembros de la Corte, poseen claros vínculos con la clase política de su estado. Vienen al caso con lo de Patishtán. El desdén y la arrogancia de la SCJN, transmitidos tal cual a los magistrados de Tuxtla Gutiérrez, les permitieron a ministros y magistrados desaprovechar una oportunidad de proceder con decencia y sensibilidad. Se puede atribuir al racismo, a cálculos políticos de coyuntura en un momento vertiginoso del desmantelamiento de la soberanía a nombre de los negocios de los verdaderos socios, o a detalles microscópicos y retóricos de técnica jurídica (que tan bien funcionaron para la campaña humanitaria del CIDE para liberar a los paramilitares de Acteal y cerrar un círculo de criminalidad de Estado con impunidad redonda).

Sin embargo, el caso de Patishtán implica un misterio particular, tal vez tan importante y delicado que vuelve impensable la liberación. Quienes lo encarcelaron en 2000 creyeron que no valía nada, que era desechable. Él solo purga sentencia por un crimen grave que necesariamente fue cometido por numerosas personas: una emboscada profesional contra policías en un territorio abrumadoramente militarizado.

Salvo para la tremenda corte, está probado que Patishtán no participó ni tuvo nada que ver. Pero como nadie más va a pagar por esas muertes emblemáticas (siete policías), el sistema cree que aguantará la presión social. Gobernaba Chiapas el priísta y genocida, como su jefe Zedillo, Roberto Albores Guillén, aún hoy parte activa de los poderes que controlan el gobierno estatal. En 2000 presidía el tribunal supremo de la entidad Noé Castañón León, quien hasta hace poco fue secretario de Gobierno (y en una época posterior de “exilio político”, por presunta corrupción, ¡ministro de la SCJN!). Estos políticos y sus cachorros son parte del Estado realmente existente en la entidad. ¿No habría que empezar la investigación en sus establos?

¿Qué ocultan? ¿Qué cloaca protegen estos actores? La ex primera dama Margarita Zavala de Calderón, “como abogada”, mostró interés se supone que genuino por su liberación, pero nunca hizo nada. Se dice que la paró Genaro García Luna, el jefe policiaco a las órdenes de su marido. Y qué órdenes. El gobernador actual y su antecesor se han pronunciado por la libertad de Patishtán. De lengua se pueden comer un plato, al fin que de ellos no depende. Y en la tabulación policiaca, siete agentes emboscados no se cubren con indulto presidencial.

La trama la tienen amarrada. En lo que se llevan los reclamos a la justicia internacional, lenta como todas, el gobierno de Enrique Peña Nieto, su dócil congreso y sus partidos satélites de chuchos y maderos, aserrín, aserrán, apresuran los candados para protegerse y atenuar el impacto de regulaciones y decisiones internacionales en materia de derechos humanos y procedimientos penales. De justicia. Para indios.

Hasta no demostrar lo contrario, detrás del encarcelamiento de Patishtán podría haber un crimen de Estado.