En su escandalosa y costosísima propaganda para México, que cala lo sedicioso , la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal con toda mala fe en campañas de publicidad mentirosa se dedican a difundir que ni más ni menos el pueblo recibe y está recibiendo un servicio de Justicia Federal sin par. Por ello es que propugnamos que aquellas instituciones federales cuando menos, ya, inmediatamente, por carecer de ello, sean sometidas a rigurosos controles, escrutinios, verificaciones y procedimientos de auditoria, todo ello de carácter profesional, con el objeto de que rindan cumplidas cuentas, información y justificación profesionales acerca de las vastísimas facultades y responsabilidades que en ellos recaen y ejercen institucionalmente, así como de los cuantiosísimos recursos económicos y financieros que ejercen, sin que para ello sea obstáculo el cuento de que la Suprema Corte y el otro órgano policíaco mencionado se encuentren protegidos por la “independencia” de que gozan los mismos al amparo de la invocada “División de los Poderes Públicos” . La barbaridad del Poder Legislativo ante ese espacio del ejercicio del poder del Estado consiste en que no legisla ni crea las instituciones necesarias para controlar la anarquía y abuso de poder con que se conducen aquellos órganos en ese espacio de la División de los Poderes, con que se cobija la corrupción a gran escala al amparo de la cual Suprema Corte y Consejo de la Judicatura Federal cometen gran cantidad de enormes fechorías en perjuicio de la Nación y de los mexicanos. Por elemental sentido de vergüenza y pudor profesional los jueces de la Suprema Corte, Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y el magistrado del Tribunal Federal Electoral, Alejandro Luna Ramos, deben pedir licencias inmediatamente a los cargos que actualmente ocupan, con el objeto de que se pongan a disposición de las autoridades de la Procuraduría General de la República; o bien, que se les suspenda del ejercicio de los cargos oficiales que actualmente ocupan, para que aquella institución de procuración de justicia se encuentre en condiciones de poder practicar un trabajo eficaz de investigación de la comisión de algún delito o delitos probablemente cometidos por dichos funcionarios públicos en el ejercicio de los cargos oficiales, tal y como lo señala de manera valerosa y profesional el abogado Xavier Olea Peláez en el caso de la investigación seguida en contra del sacerdote católico Onésimo Cepeda, de lo cual da cuenta la Jornada on line “Noticias de Hoy” (*) del día 20 de junio de 2011, a tono todo esto con el espíritu de los requisitos que establece la Constitución para cuando un servidor público se sale de los lineamientos de su cometido y traiciona la lealtad que le debe a la Nación. La Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal conforme a sus propias reglamentaciones, cuando persiguen a los jueces y magistrados federales, lo primero que hacen es seguir precisamente en contra de dichos jueces y magistrados el procedimiento antes descrito, de modo que al aplicarlo en contra de sí mismos ministros de la Corte y consejeros de la Judicatura, estarán dando muestras de agotar un trato igual al que ellos aplican a jueces y magistrados federales. ¡Adelante Congreso de la Unión mexicano! Por lo demás, habrá que repetir que Suprema Corte y Consejo de la Judicatura sólo constituyen obsoletos aparatos integrados por sujetos anacrónicamente privilegiados, que tienen por objeto simplemente simular que representan y realizan una labor positiva para el país, lo cual ya no es aceptado por la Nación mexicana; de ahí que la solución más razonable o sensata consiste en hacer desaparecer , en eliminar a dichos anticuados organismos de la estructura del Poder Judicial Federal con el objeto de que, para bien de la Justicia Federal y de México, la planta de jueces y magistrados federales , asuman inmediatamente las funciones que las otras instituciones que se señalan como inaptas, obsoletas, anticuadas e ineptas para cumplir con la función jurisdiccional y la de realizar una justicia en armonía con los fines de la misma. Con ello México saldrá ganando y se le librará de la pesadilla que significan las instituciones cuestionadas.
Oaxaca de Juarez, Oaxaca, México a 20 de junio de 2011
(*) Altos funcionarios del PJF evitaron que Cepeda fuera a la cárcel: Olea
Olea sumó a su acusación pública el nombre de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos.
Alfredo Méndez y Jesús Aranda
Publicado: 20/06/2011 19:25
LaJornada-NoticiasdeHoy
México, DF .Xavier Olea Peláez, abogado de la empresa Arthinia Internacional, quien el pasado jueves perdió en última instancia un pleito judicial contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, insistió este lunes, en conferencia de prensa, en que hubo altos funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) que intercedieron en ese litigio para evitar que el prelado fuera a la cárcel.
Olea sumó a su acusación pública el nombre de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos.
En este asunto, indicó, existe un "concilio chiapaneco de intereses", opinión que dijo tener luego de que viera una imagen en un periódico de circulación nacional, donde aparece el obispo, abrazado por Alejandro Luna (sobrino de la ministra Luna Ramos e hijo del magistrado del Tribunal Electoral del PJF, Alejandro Luna Ramos), quienes son oriundos del estado de Chiapas.
En respuesta a los señalamientos que hizo este lunes el abogado -al igual que ocurrió el pasado jueves, cuando Olea aseguró que el ministro Sergio Valls, también de origen chiapaneco, intercedió a favor de Cepeda Silva-, la Corte emitió un comunicado para desmentir nuevamente y desacreditar al penalista.
La Corte señaló que “reprueba y lamenta” que el abogado, quien representa a la parte que acusó al obispo, “recurra a litigar en los medios lo que en su momento no se pudo probar en los tribunales”.
El texto sostiene que, “basado en suposiciones”, el abogado declaró de manera irresponsable y sin sustento en contra de Luna Ramos “por el simple hecho de ser originaria de Chiapas”.
Además, rechazó “categóricamente” que la ministra tenga vinculación o relación alguna con “participantes, activos o indirectos” en el juicio que involucra a Cepeda y a la parte defendida por Olea.
“Es de lamentar que un profesional del derecho busque desprestigiar a integrantes del Poder Judicial de la Federación, como estrategia para justificar el no haberse visto beneficiado en dicho juicio”, indicó la Corte.
Durante la conferencia de prensa, Olea Peláez aseguró que una vez que reciba copia de la sentencia judicial que favoreció a Cepeda Silva -lo que se prevé ocurra el próximo viernes-, preparará la denuncia penal que presentará a más tardar en dos semanas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
“Mi intención no es desprestigiar a la Suprema Corte, pero ante estos indicios que quedan en el aire, la PGR deberá investigar e interrogar a los ministros para que se aclaren todas estas situaciones que tienen un tufo a corrupción y tráfico de influencias”, expuso.
Añadió que mantendrá esas acusaciones y refirió que si el obispo de Ecatepec decide demandarlo por la vía civil para exigir la reparación del daño moral, “pues enfrentamos al obispo este, a mi no me amedrenta una sotana”.
Asimismo, Olea recordó que en recientes días sostuvo una discusión con Cepeda, en el baño de caballeros del restaurante San Ángel Inn, donde contestó una agresión del obispo.
Finalmente, dijo que es grave que Cepeda no haya contestado las interrogantes de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, sobre el supuesto préstamo de 130 millones de dólares que realizó a la señora Olga Azcarraga Madero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario