lunes, 5 de septiembre de 2011

De cómo realiza el Consejo de la Judicatura Federal por sistema el grave daño que ocasiona contra México.


De cómo realiza el Consejo de la Judicatura Federal por sistema el grave daño que ocasiona contra México.

Giap Salvador Díaz

La nota de Alfredo Méndez en la Jornada impresa fechada el 5 de septiembre de 2011 (link a la nota que se comenta) * refiere en todo caso un aspecto sólo, muy aislado, de cómo gravitan las actividades del Consejo de la Judicatura Federal en la labor jurisdiccional del Poder judicial Federal. Son bastantes los aspectos trascendentes nacionalmente a que se refieren las labores de los jueces en sentido general, por tanto en una nota de esta índole no cabe siquiera pensar en poder abarcar numerosas facetas de esas labores y por ello sólo diremos, como se dice del Consejo de la Judicatura, que aplica escasas sanciones. Vistas así las cosas , no existiría un problema digno de atención, pero las labores del Consejo constituyen una pesada carga, costosísima carga que soportan jueces y magistrados federales y todo el personal adscrito a los tribunales federales así como la Nación mexicana en conjunto, esto último, debido a la calidad de la Justicia que resulta por las presiones que realiza el Consejo. Esta institución está diseñada al más alto nivel jurídico, la Constitución, para condicionar precisamente la calidad de la justicia y esta es la explicación del sentido de las resoluciones tan relevantes que dicta el más Alto Tribunal del país, nos referimos a esos casos que han levantado un gran clamor de rechazo de la Nación mexicana a lo largo y ancho del país. Como ejemplo citamos el caso de Oaxaca de 2006 y 2007, el de los bebés incinerados en las guarderías que controla el IMSS en el Estado de Sonora y el del niño que fue violado en el Instituto San Felipe del Estado de Oaxaca, cuya madre señora Leticia Valdés Martell. Todos esos casos dieron lugar a una condena generalizada en todo el país en contra de las labores que realiza la Suprema Corte; del caso justiciable surgido del movimiento popular de Oaxaca 2006 y 2007; EL CASO DEL MAGISTRADO FEDERAL, hasta ahora no resuelto durante ya cinco años por la Suprema Corte, Francisco Salvador Pérez. La labor de aquel Alto Tribunal no tiene de donde sujetarse. En el caso de Oaxaca la Suprema Corte se voló la barda de la ignominia con el pésimo bateador Mariano Azuela Güitrón: aquel tribunal volteó la naturaleza de las cosas, adulteró la litis procesal como fue planteada por los que instaron la justicia, porque dicho Tribunal abusivamente se sustituyó en el papel de las autoridades denunciadas y acusadas al establecer que si bien se violaron los derechos, las violaciones ocurrieron en contra del pueblo de Oaxaca y no de los ofendidos por los actos denunciados, atribuidos a diversas autoridades, y así la Suprema Corte se lamentó en su resolución de que el Gobernador Ulises Ruiz Ortiz no hubiese contado con más fuerzas militares y policíacas a su disposición para reprimir al pueblo inconforme ¿Para esto el gobierno federal paga a los señores ministros de la Suprema Corte los altísimos, desorbitados y desajustados sueldos de que son acreedores? Esto es muy grave y peligroso socialmente porque luego dichas resoluciones contienen los criterios que la misma Suprema Corte se encarga de mutar con carácter de jurisprudencias obligatorias para todos los jueces del país, y así tales determinaciones se imponen para todos los demás casos supuestamente similares a todo México mediante el uso de la fuerza por el Estado. En el caso del magistrado federal mencionado el Consejo resolvió destituirlo siguiendo los malos ejemplos establecidos por la Suprema Corte en ese tipo de asuntos, siempre tratando a troche y moche de conferirle razones inexistentes a las resoluciones de dicha autoridad administrativa y ahora el Alto Tribunal ya lleva más de dos años y medio en que no escucha, no ve, no atiende ni resuelve el asunto de la Revisión que le fue planteado por el magistrado. DEL QUID DE LA NOTA de La Jornada mencionada cabe decir que los tribunales federales se encuentran abrumados por las excesivas cargas de trabajo que les impone el Consejo de la Judicatura por una suerte de actividades meramente materiales que duplican y hasta triplican esa carga de labores por las directivas, órdenes e instrucciones que emite el Consejo a título de administración, y que los titulares tienen que cumplimentar, cuidándose escrupulosamente de no cometer en ello alguna falta por leve que sea porque ahí se encuentra omnipresente esa detestable espada de Damocles para emprenderla contra jueces y magistrados creando artificiosas tempestades, que luego complica en las interminables actas de inspección, de visitas y procedimientos coercitivos que el Consejo se encarga de realizar en contra de jueces y magistrados y por lo tanto en contra de la justicia de México en sus arbitrarias actividades. El problema no consiste, pues, sólo en que maliciosamente, mendazmente, hipócritamente, el Consejo diga que sólo aplica muy escasas y muy leves penas, pues sus labores de zapa contra México las realiza cotidiana y sistemáticamente en contra de todos los tribunales del país en sus actividades hechas a título profesional, y entonces el grave daño que origina el Consejo en contra de México, lo hace, lo sabe hacer, lo oculta desde mucho tiempo antes, durante años, en el curso de sus actividades profesionales. Este es sólo un pequeño ejemplo de lo que por sistema realiza el Consejo de manera sistemática. Oaxaca de Juárez, México, 5 de septiembre de 2011.

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(*)Nota comentada

De al menos 2 mil quejas presentadas en 5 años, destituyó a ocho

Poco común que el CJF corra a jueces; aplica castigos menores

Incluso en conductas graves se opta por sanciones leves, dicen en la Judicatura

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 14

En los cinco años recientes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sólo ha destituido de manera definitiva a seis jueces de distrito y a dos magistrados de circuito por conductas indebidas, aunque en ese periodo se han presentado ante el órgano administrativo del Poder Judicial Federal (PJF) al menos 2 mil 300 quejas contra juzgadores de primera y segunda instancias, revelaron funcionarios del CJF.

La gran mayoría de las quejas administrativas son desechadas desde un principio por notoria improcedencia, debido a que únicamente se presentan con el propósito de modificar el sentido de alguna resolución que no haya favorecido a la parte quejosa.

No obstante, incluso cuando se han comprobado conductas graves, el órgano regulador de jueces y magistrados ha optado por sanciones más leves, como suspensión o cambio de adscripción.

La destitución definitiva más reciente ocurrió en julio pasado contra el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete, por usar a sus subordinados para litigar en favor de su hermana –quien es magistrada–, así como por nepotismo y maltrato al personal.

El caso anterior fue el del magistrado Miguel Ángel Ramos Pérez, quien formaba parte de un tribunal colegiado de circuito en el estado de México, pero no fue ratificado en el cargo debido a que fue acusado y se demostró que hostigaba a una de sus subordinadas, quien se negó a sostener una relación sentimental con él.

El 12 de noviembre de 2008 fue destituido Francisco Salvador Pérez, quien era magistrado del primer tribunal unitario del decimotercer circuito, en Oaxaca, por diversas irregularidades.

De enero de 2006 y hasta el jueves pasado, cuando se notificó a Ibarra Navarrete su remoción como juez primero de distrito en materia administrativa en Guadalajara, Jalisco, el CJF sólo había destituido a los magistrados Ramos y Pérez, así como a otros cinco jueces de distrito, aunque el universo de juzgadores federales ha crecido año tras año y actualmente hay casi mil 200 en funciones.

El actual lustro (2006-2011) es el más bajo en cuanto a sanciones de juzgadores respecto del mismo periodo anterior, pues de 2000 a 2005 la destitución se aplicó contra cuatro magistrados y seis jueces. En tanto, entre 1995 y 2000 la Judicatura sancionó con suspensión definitiva a 16 juzgadores.

Información estadística elaborada por el CJF revela que de 1995 a 2007 nueve de los 22 jueces y magistrados destituidos en esos años ganaron su reinstalación litigando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluidos cuatro juzgadores que habían sido sancionados por dictar fallos favorables a narcotraficantes.

Es poco común la suspensión definitiva de juzgadores; el CJF recurre más a las sanciones menores, que van desde apercibimientos por escrito hasta destituciones temporales de entre tres meses y un año sin goce de sueldo, dijo a La Jornada uno de los funcionarios del PJF que proporcionaron la información.

Entre las suspensiones temporales más recientes está la de Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de distrito en materia administrativa del cuarto circuito de Monterrey, Nuevo León, en tanto se investigan denuncias por presuntamente favorecer a casinos y otras irregularidades. Caso similar es el del juez noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Álvaro Tovilla León, por la investigación que empezó a su juzgado tras el encarcelamiento del secretario Esiquio Martínez Hernández, acusado de tener un patrimonio ilícito de 50 millones de pesos.

En octubre de 2010, el juez Felipe Sifuentes fue suspendido un año por haber permitido a la aerolínea Aviacsa mantener sus operaciones, pese a que despachaba en un juzgado de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y carecía de competencia para conocer del caso.

El 17 de enero de 2009 fue suspendido tres meses el magistrado de circuito Jesús Guadalupe Luna Altamirano (uno de los pocos que transparentan sus resoluciones y ofrecen conferencias de prensa para dar a conocer sus fallos) por haber cuestionado públicamente a la juez Silvia Carrasco, quien en 2008 consignó a cinco años de cárcel a un hijo del presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Luna Altamirano, magistrado del tercer tribunal unitario en materia penal del DF, revocó la sentencia condenatoria de Carrasco y exculpó a Archibaldo Guzmán, cono- cido como El Chapito.


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