miércoles, 7 de septiembre de 2011

Solamente gala de ínfulas los ataques en la prensa contra el Poder Judicial Federal del domiciliado en los Pinos.


Solamente gala de ínfulas los ataques en la prensa contra el Poder Judicial Federal del domiciliado en los Pinos.

Giap Salvador.

Nos toca, a todos los mexicanos, la gravedad de los problemas que el señor que ocupa la Silla Presidencial con una frecuente recurrencia se dedique a hostilizar la labor de los jueces y magistrado federales, esta vez de acuerdo con las notas de La Jornada (link 1) (link 2) que se comentan y que se insertan en seguida de este texto. Como el ocupante de la Mansión de los Pinos tiene a su disposición el costosísimo aparato de propaganda con motivo de la función presidencial, dicho mensajero oficioso lo utiliza sin ton ni son. El alto vocero de sí mismo sigue sin comprender el trabajo del Poder Judicial Federal y por ello necesita cambiar algunos asesores al efecto, ya que es de suponer que los actuales no están cumpliendo bien su cometido. Buenos asesores, preparados, independientes y provistos de profesionalismo se pueden reclutar de los medios relacionados con las escuelas de Jurisprudencia; se trata de reclutar abogados que no se encuentren ligados a las instituciones ya saturadas de los intereses creados; el Juicio de Amparo tiene su lógica, su dinámica y mecánica propias, que forman precisamente uno de los aspectos básicos del juego democrático de los litigios jurídicos en México; ese juego no se constriñe a la lógica de las averiguaciones y procesos penales en sí; este último aspecto es el único a que se refieren las lamentaciones del señor Felipe Calderón H.; pero el mundo del Derecho no se constriñe únicamente a tal aspecto sino al mucho más amplio que concierne a la DEEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN, que también, obviamente, es la materia, que tiene que tomar muy en cuenta todo dirigente político en México. El eufemístico Partido de Acción Nacional, parapeto en uso por los grupos que dominan la política de México, se jacta hasta el cansancio de que sus acciones responden a la Modernidad, que es como pretender ser demócratas y defensores de la Constitución; pero no. Dichos grupos actúan a despecho de la teoría política en que se dicen inspirar y hacen y vociferan exactamente lo contrario: cuando les conviene declaran desechables a los políticos en desgracia, como en el caso del actual presidente del municipio de Monterrey, señor Fernando Larrazábal Bretón, pero esto no es modernidad. Es capricho vil. Las facultades para destituir a un alcalde municipal las tienen el cabildo respectivo y la legislatura estatal correspondiente, pero no los partidos políticos. Un político avezado que además se ostenta como Presidente de la República tiene que respetar la teoría política del Estado de Derecho en el cual se encuentran inmersos los tres poderes clásicos de la modernidad, luego las voces que emite el ocupante de la Casa Presidencial contra los jueces y magistrados federales carecen de razón de ser. El hecho de que se trate del Presidente de la República no le confiere ninguna facultad en ningún sentido a aquel agente estatal para lanzar ataques absolutamente despistados en contra de los Poderes de la Unión; si algo legitima las voces del presidente aludido es que su esfera de atribuciones está siendo ya representada y ejercitada por la institución del Ministerio Público Federal, quien lleva la batuta del ejercicio de la acción penal en la averiguación y proceso penales correspondientes, y también, vaya que sí, en los juicios de amparo e incidentes de suspensión respectivos y por ello las voces del Consejo de la Judicatura en sí y de la ministra de la Suprema Corte Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas a que se refieren las notas de La Jornada que motivan este cometario son del todo sensatas. Constitucionalmente el Poder Judicial es independiente frente al Poder Ejecutivo, y las ínfulas que éste muestra merecen el repudio de México. Dicho desde Oaxaca, México, a 7 de septiembre de 2011.

Respuesta del Poder Judicial a las críticas del Presidente por haber liberado a Néstor Moreno

No se debe acusar sin pruebas a jueces, revira el CJF a Calderón

Rechazamos señalamientos sin fundamento o por consigna, advierte Juan Carlos Cruz Razo

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 5

En respuesta a las críticas que ha hecho el presidente Felipe Calderón a los jueces que contribuyeron a la liberación de Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusado de enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que los señalamientos contra los juzgadores atentan contra la estabilidad nacional.

Cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna, y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional. Rechazamos enérgicamente que se hagan señalamientos en contra de impartidores de justicia sin que se acompañen de las pruebas que los acrediten debidamente, aseveró Juan Carlos Cruz Razo, consejero de la Judicatura Federal, al dar lectura a un posicionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Al igual que lo hicieron el pasado lunes los jueces involucrados en el caso de este funcionario acusado de enriquecimiento ilícito, Cruz Razo expuso que no hubo violación a la Ley de Amparo ni a ningún otro ordenamiento por parte de los titulares de los juzgados cuarto y quinto de distrito.

Según la Judicatura, la juez cuarta de distrito de la ciudad de México, Taissa Cruz Parcero, no tenía más que liberar a Moreno Díaz, dado que estaba vigente una suspensión en vías de amparo, pues si se hubiera actuado en otro sentido la juez habría cometido un delito.

El consejero de la Judicatura defendió por igual la actuación de los jueces federales Jesús Salvador Fraustro Macareno (quien concedió el amparo) y Taissa Cruz (quien lo liberó), pues, según Cruz Razo, ambos juzgadores actuaron con apego a la ley.

El funcionario del PJF salió ante los medios un día después de que Calderón criticara la liberación del ex directivo de la CFE por un tecnicismo legal y de que diputados federales también cuestionaran la resolución que hoy tiene prófugo al inculpado.

Un día antes de la postura del Poder Judicial, Calderón respondió a un ciudadano que preguntó vía Internet, en el ejercicio Pregúntale al Presidente, del portal Youtube, por qué responsables del atentado al casino Royale, de Monterrey, con antecedentes penales, fueron liberados por jueces locales.

Juan Carlos Cruz Razo, consejero de la Judicatura, en conferencia de prensaFoto Cristina Rodríguez

“La impunidad se da o porque no atrapamos a los delincuentes, que en este caso sí lo habían agarrado, o porque en el juicio se encontró algún detalle, algún elemento ahí raro y lo sacan. Esa es la impunidad que a mí me molesta. Yo también le preguntaría al juez ‘por qué lo dejaste ir, por qué lo sacaron’, y que se le exija rendición de cuentas. No es que yo la traiga contra los jueces, al contrario, los aprecio y todo, pero ya también empieza uno a cansarse, mano. Uno los agarra y los agarra y los agarra y los sacan y los sacan y los sacan.”

Cruz Razo dio lectura ayer al posicionamiento del PJF. Rechazamos enérgicamente que se hagan señalamientos en contra de impartidores de justicia, sin que se acompañen de las pruebas que los acrediten debidamente.

El consejero aseguró que la Judicatura Federal en todo momento revisa el actuar de los jueces y magistrados federales y sus auxiliares, y atiende todas aquellas quejas, debidamente sustentadas, que se presenten en contra de ellos. Tal como ha quedado de manifiesto en las últimas semanas, cuando el caso lo amerita, el Consejo juzga e impone las sanciones necesarias, con la energía que corresponde, mencionó.

Relató que Fraustro Macareno, juez quinto de distrito en materia penal de Nuevo León, suspendió el 3 de agosto cualquier captura que se hubiese girado contra Moreno, siempre y cuando no se tratara de un delito grave. Agregó que el 3 de septiembre, la juez Taissa Cruz, quien había emitido previamente una orden de aprehensión, decidió liberar al ex directivo acatando la suspensión que se encontraba vigente.

De acuerdo con Cruz Razo, la juez advirtió y tuvo que tomar en cuenta que el delito de enriquecimiento ilícito por el que mandó aprehenderlo no está considerado grave y por ello no podía privarlo de su libertad en tanto estuviese vigente la suspensión.

Quienes enfrentan delitos no graves tienen derecho a fianza, dice

Es importante que las averiguaciones estén bien integradas: Sánchez Cordero

Jesús Aranda

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 5

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero sostuvo ayer que los jueces que conocieron el caso de Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusado de enriquecimiento ilícito, actuaron estrictamente conforme a derecho, y aseveró que el Poder Judicial de la Federación está muy interesado en que la opinión pública conozca las razones jurídicas que sustentaron las decisiones de los juzgadores.

Entrevistada al término de la ceremonia de inauguración del segundo Foro Nacional 2011 Iniciativa de una Nueva Ley de Amparo, Sánchez Cordero precisó que los jueces seguirán actuando en el ámbito de su competencia y haciendo lo que tenemos que hacer, y comentó que “también es importante que las averiguaciones estén bien integradas, que tengan las pruebas y las evidencias suficientes para que la Procuraduría (General de la República) pueda obtener una sentencia condenatoria,

Agregó que en caso de que la juez cuarta de distrito de la ciudad de México, Taissa Cruz, hubiera negado la libertad provisional al ex funcionario, ella habría incurrido incluso en un delito al violar la suspensión provisional que le había otorgado a Moreno Díaz un juez de Monterrey.

Interrogada sobre las críticas del presidente Felipe Calderón en contra de los jueces, a quienes acusó de dejar libres a los criminales, la ministra evitó entrar en debate, pero subrayó que el ex funcionario de la CFE está acusado de un delito no grave, y los que enfrentan delitos no graves tienen el derecho a ser procesados bajo fianza.

Y aseveró: Las cuestiones jurídicas y técnicas, pues son de los jueces, y éstos tienen la obligación constitucional y legal de acatar las disposiciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión.

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