Todos los políticos encumbrados
del sistema, desde el
que está hasta
arriba, postulan la democracia; nuestro régimen jurídico, pasando por
los tratados internacionales que
México ha signado
y desde luego la Constitución Federal, postulan que
somos un Estado democrático o
Estado de Derecho;
pero en la práctica
dichos principios son violados
sistemáticamente por quienes deben reverente acatamiento a la
Constitución; no lo hacen por la
dinámica maligna con
que las altas autoridades
federales mueven los resortes de
la política del país;
el Ejecutivo Federal
encabeza una ya
larga guerra en
contra de sus
enemigos señalados en
su propaganda masiva
oficial, es natural
que los que están siendo perseguidos por
la fuerzas de la
Federación, ocurran ante los jueces y magistrados
federales a solicitar e
implorar justicia, y
también es explicable
que ésta intervenga a la prestación
del servicio que está
obligada a realizar; pero
las altas autoridades del
Poder Ejecutivo a través de sus
personeros oficiales y oficiosos
se empeñan tenazmente
en obstruir, en obstaculizar,
si no es que hacer imposible la
labor de servir
a la sociedad impresa
en la Constitución, dichas
autoridades se dedican
a perseguir a jueces
y magistrados federales amparados
por la ambigüedad y
hasta la mala fe con
que los interesados oficiosos lograron
legislar por medio de las malas
artes, disposiciones puestas en
clave en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; interpretadas
con una lógica al revés,
dichas disposiciones son aquellas que invocan
los que están
haciendo una brutal
persecución en contra de los
juzgadores, bajo los pretextos hipócritas
que hacen resonar
en los medios de
comunicación y que tiene
por objeto ensuciar el buen nombre, consumar daños irreparables y
condenar de antemano
a los jueces y magistrados
perseguidos ; el judicial
federal no es ningún sirviente a la
disposición de los intereses
del Ejecutivo; es aquél, un
Poder que de acuerdo
con la Constitución es independiente, autónomo
e imparcial frente a los
otros Poderes; de
otra manera el Poder
Judicial no puede realizar
su cometido de
contener, limitar a los otros
poderes del Estado
para que ciñan
su actuación a
la Constitución, por
ello la sociedad
está interesada en que
el Juez federal
Efraín Cazares López
y el Magistrado Federal
Jesús Guadalupe Luna
Altamirano hagan valer de
manera digna su efectiva y debida defensa constitucional
en resguardo de su estatuto profesional e institucional por el
bien de la Justicia y de
México; el Consejo
de la Judicatura Federal no es ningún
superpoder que
lo legitime para
actuar por encima
de jueces y
magistrados y en
contra de los mismos;
se trata de
una simple autoridad
administrativa auxiliar de
aquellos altos servidores
de la Justicia, pero
vemos que las cosas
públicas marchan al
revés.
Comentario a la nota del diario LaJornada en internet, NOTICIAS DE HOY 5junio2012.
Va la Judicatura contra 14 jueces y magistrados por
corrupción y narco
Uno de ellos absolvió a 'El chapito' y amparó a la 'Reina
del Pacífico'; algunos ya fueron suspendidos.
Alfredo Méndez y Jesús Aranda
Publicado: 05/06/2012 07:57
México, DF. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene
en la mira a por lo menos 14 jueces y magistrados federales, quienes serán
suspendidos de sus funciones en breve debido a que enfrentan acusaciones que
van desde presuntos actos de corrupción y aplicación de criterios jurídicos
inadecuados al momento de dictar sus sentencias, hasta acoso sexual y malos
tratos a miembros de los juzgados o tribunales que encabezan, revelaron fuentes
de la comisión de disciplina de la Judicatura.
La semana pasada comenzaron estas sanciones provisionales,
cuando fueron separados de sus cargos tres jueces de distrito. Dos son del
estado de Baja California y están relacionados con supuestas irregularidades
vinculadas con amparos otorgados a empresas importadoras de autos chocolates;
el otro es de Michoacán y es quien liberó a la mayoría de los implicados en el
llamado michoacanazo.
Ayer, funcionarios del Poder Judicial Federal revelaron que
otro magistrado que fue destituido por el CJF es Armando Cortez Galván,
integrante del décimo- quinto tribunal colegiado en materia administrativa,
aunque los motivos de su baja temporal se mantienen en sigilo.
Extradición de Cavallo
Un quinto caso importante es la suspensión del magistrado
federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano, uno de los juzgadores más polémicos,
quien cobró notoriedad en 2003, al autorizar la extradición del ex represor
argentino Ricardo Miguel Cavallo.
Sobre su caso, funcionarios de comunicación social de la
Procuraduría General de la República (PGR) informaron ayer que tanto ese
juzgador como el juez Efraín Cázares López, suspendidos el pasado viernes por
el CJF, son investigados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (Siedo) para deslindar responsabilidades ante
supuestos ilícitos relacionados con la delincuencia organizada.
Esa indagatoria contra Luna y Cázares está relacionada con
diversos fallos en los cuales absolvieron en forma presuntamente irregular a
miembros de organizaciones delictivas. De acuerdo con fuentes de la PGR, “la
averiguación previa contra ambos es por conductas relacionadas con delincuencia
organizada y en lo particular por fallos exculpatorios dictados a miembros y
colaboradores” de esas bandas.
Hasta el momento, no han sido presentados ante el Ministerio
Público Federal y tampoco han sido citados a declarar dentro de la
investigación. Cázares fue el responsable de liberar a varios de los implicados
en el llamado michoacanazo, caso por el cual fueron consignados más de 30
servidores públicos acusados de brindar protección al grupo criminal La
Familia.
En lo que hace a Luna, en julio de 2008 absolvió y dejó en
libertad a Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, hijo del capo Joaquín El Chapo
Guzmán.
Ayer por la tarde, el consejero de la Judicatura César
Esquinca Muñoz precisó que en la suspensión del juez Cázares y del magistrado
Luna Altamirano “nada tiene que ver la investigación que realiza la PGR en su
contra”.
Entrevistado durante la inauguración del Curso de Especialización
del Sistema Acusatorio, realizado en el edificio alterno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), el también magistrado federal afirmó que el CJF
suspendió de sus cargos a ambos juzgadores porque “se recibieron datos que son
preocupantes y que nos obligan a investigar”, pues tienen que ver con quejas
administrativas y disciplinarias.
Precisó que en el caso de Luna Altamirano –quien otorgó un
amparo a la llamada Reina del Pacífico (Sandra Ávila Beltrán) e Iván Archivaldo
Guzmán Salazar, El Chapito–, se le investiga por no llevar a la práctica
criterios jurídicos y jurisprudencias determinadas y por no aplicar una ley
relacionada con un caso concreto, entre otras cosas.
–En estos casos ¿existe denuncia formal de PGR? –se le
preguntó.
–Con nosotros no; recuerde que la PGR tiene sus propias
líneas de investigación y no necesita hacer denuncia ante el CJF. Si entiende
que un servidor público está incurriendo en conductas que son constitutivas de
delito (la procuraduría) tiene la facultad para investigar y, en su caso,
consignar.
–En este caso concreto, ¿hubo quejas previas?
–No. Lo que quisiera que quedara muy claro es que las
suspensiones y el inicio de investigaciones por parte del consejo no tienen
nada que ver con lo que la PGR haya dicho o hecho; son vías diferentes.
–¿Coincide la investigación de la PGR con la de ustedes?
–La investigación de la Procuraduría General de la República
ya tiene algún tiempo que la había iniciado; no tengo ningún dato al respecto,
más que lo publicado por la prensa.
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