Elecciones 2012
El fraude electoral en favor del PRI: un monstruo de dinero
con mil cabezas
Claudia Sheinbaum Pardo y Carlos Ímaz Gispert
Al momento de escribir estas líneas, miles de ciudadanos han
denunciado y documentado las siguientes prácticas de defraudación de nuestra
Constitución Política, la ley electoral (Cofipe) y de la soberanía popular
expresada en el voto ciudadano y que ocurrieron antes, durante y después de la
jornada electoral.
En los meses y semanas previos al 2 de julio, vimos gastos
multimillonarios por fuera de la ley electoral, rebasando los topes de campaña
y con dinero de procedencia ilícita, en la compra de tiempo en televisión
(entrevistas y comentarios pagados), y de encuestas hechas como propaganda
(incluso diarias) y difundidas por televisión, radio y periódicos de todo el
país, influyendo ilegalmente en la percepción de los ciudadanos e induciendo
sin pudor el voto a favor de Enrique Peña Nieto y rematando con ilegales
promocionales de televisión en el canal 5 de Televisa, sin firma, en contra de
Andrés Manuel López Obrador y sin olvidar el despliegue multimillonario de
espectaculares al arranque de las campañas… Todo ello ante la pasividad
cómplice del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del
Pode Judicial de la Federación (TEPJF).
Antes y durante la jornada electoral también vimos la compra
masiva de votos con dinero en efectivo, vales de gasolina, despensas,
materiales de construcción, electrodomésticos, tarjetas telefónicas prepagadas
y para las tiendas Soriana, Aurrerá, Chedraui y Walmart… (con miles de millones
de pesos de procedencia ilícita); regresaron las conocidas e ilegales prácticas
de la operación tamal (desayunos para acarrear y asegurar votantes); todos
votan (casillas donde votó 100 por ciento –o más–, hasta los que no estaban en
el lugar o que ya habían muerto); tacos de votos (introducción de varios votos
por un mismo votante) realizado con boletas impresas en los Talleres Gráficos
de la Nación (2.5 millones) después de que se había terminado oficialmente la
impresión y con boletas impresas en Texas (otros 3 millones); decenas de miles
de ciudadanos en tránsito que no pudieron votar porque, deliberadamente, el IFE
no instaló suficientes casillas especiales (es facultad del IFE definir el
número de éstas, y pueden ser hasta cinco por distrito electoral artículo 244
Cofipe); carruseles (gente que vota varias veces en diferentes casillas);
casillas zapato (con la modalidad de que se pusieron unos cuantos votos a otros
candidatos para que no se identifiquen); acarreo de votantes; coacción de
votantes afuera de las casillas; robo de urnas, quema de boletas electorales o
tiradas a la basura; amedrentamiento y violencia contra funcionarios y
representantes de casillas, incluyendo secuestros y hasta asesinatos, así como
agresiones físicas contra observadores electorales ciudadanos. Todo ello ante
la pasividad cómplice y generalizada de policías y autoridades electorales.
También fuimos testigos del comportamiento espejo de la
gráfica de la captura de los resultados en el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), que indica que no es el resultado aleatorio de
la captura de las actas, sino que hay un factor numérico que pondera y ajusta
la captura de los datos.
Al término de la jornada, en los distritales del IFE se han
encontrado casillas sin sello, rotas y evidentemente alteradas; boletas sin
doblar al interior de las urnas (eso sería imposible si fueron depositadas
durante la elección, pues sencillamente no entran); casillas fantasmas
(casillas que no se instalaron y que aparecen con datos en el PREP –lo que
sería imposible sin una acción deliberada– y casillas instaladas que no
aparecen en el PREP); alteración y falsificación de actas o de su captura en el
PREP (no coinciden –y por mucho– con las sábanas pegadas fuera de la casillas);
las miles de actas en el PREP con inexplicables y enormes diferencias, entre
los votos para presidente, senadores y diputados federales (¡las diferencias
son de decenas y centenas de votos por casilla!, lo que indica la inexplicable
existencia de votos de más y/o de menos), pero más grave aún es el inexplicable
porcentaje de participación en muchas zonas rurales (muy por encima de la
media), lo cual no coincide con ningún comportamiento electoral en el mundo,
salvo con una excepción: en el fraude electoral de 1988 en México. Anomalías
todas ellas evidentes, que, sin embargo, el IFE no las ve ni las corrige.
Como remate, la noche misma de la elección, vimos un nuevo
despliegue de desinformación de las encuestadoras y las televisoras dando a
conocer encuestas de salida manipuladas. Vimos al Ejecutivo Federal y al
presidente del IFE, con prisa de ladrones, dar un madruguete, violando la ley
electoral y declarando ganador a Peña Nieto, ¡antes de que se capturaran las
actas y se hiciera el escrutinio distrital, es decir sin resultados oficiales!
Vimos también al presidente del IFE declarar que era la elección más limpia de
la historia, ¡cuando aún no concluía la jornada electoral!, y un par de días
después llamar a aceptar los resultados ¡sin que se hubiera realizado el
recuento oficial de votos y por tanto no hubiera tales resultados! Y por si
fuera poco, el presidente del tribunal electoral dio simultáneamente por
rechazadas las posibles impugnaciones legales al proceso, ¡sin que éstas se
hayan presentado aún!, al declarar que lo que no se gana en la cancha no se
puede ganar en la mesa.
Quienes han infringido las leyes electorales y con miles de
millones de pesos han corrompido y prostituido nuestra democracia, impulsan una
filosofía y una práctica pública inmoral y atroz que profundizan la anomia
social y la ilegalidad: la ley está hecha para violarse, con dinero baila el
perro y hay que aprender a perder haiga sido como haiga sido, pues el fin
justifica los medios.
¡Así no!, dicen millones de ciudadanos. Si el PRI gana
derecho, está bien, así es la democracia, pero no a la mala, no con trampas y
violando la ley. En verdad que, con tantas y tan voluminosas alteraciones y
violaciones a la ley electoral, para muchos resulta imposible reconocer el
resultado. El voto no fue libre y la elección fue una farsa, no fue legal ni
será legítima.
Oponerse al fraude electoral y defender la legalidad
democrática significa rechazar esa inmoral filosofía y sus prácticas. Nuestra
Constitución indica (Art. 41) que las elecciones deben ser libres y auténticas,
principios rectores que han sido violentados por la simulación democrática de
unas elecciones obscenamente compradas. La frágil imposición por la vía de la
percepción parece cada vez menos viable con los sectores indignados que marchan
y se organizan. Es un asunto de todos y para todos.
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